Los cabilderos de Panamá, antes y ahora
La proximidad entre “tráfico de influencias” y franca corrupción es lo que amerita que vigilemos constantemente la contratación y las actividades de los cabilderos
Betty Brannan Jaén
WASHINGTON, D.C. Dos cosas son innegables: que el gobierno de Moscoso no es el primero que ha contratado cabilderos en Washington, y que el contratar a cabilderos no es en sí mismo algo criticable.
Miremos el tema en el contexto de los últimos 25 años. Comienzo con 1977, durante la batalla en Estados Unidos sobre los tratados canaleros. Cada bando tenía sus cabilderos; la empresa Public Affairs Analysts, dirigida por allegados de los senadores Hubert Humphrey (demócrata) y Barry Gold-water (republicano), representó al gobierno torrijista y cobró 200 mil dólares.
En 1986, al surgir dificultades en las relaciones con Washington, el régimen norieguista hizo lo obvio: contrató una serie de cabilderos que en conjunto cobraron alrededor de un millón de dólares. La empresa más importante fue Daniel Edelman, Inc., cuyo contrato lo obligaba a consultar diariamente con Panamá y asegurar un flujo ininterrumpido de publicidad favorable al noriegato.
Lo normal en Washington es que cuando un dictador —usando dineros del Estado, por supuesto— contrata a cabilderos, su pueblo sufrido se queda sin representación; pero eso (afortunadamente) no ocurrió en el caso panameño. Según los documentos que tengo, la Cruzada Civilista contrató a John Campbell Consultants, la embajada de Panamá contrató a Greg Craig, y Gabriel Lewis contrató al bufete de Arnold and Porter, que montó una especie de “gobierno panameño revolucionario” en Washington y dirigió la estrategia de sanciones económicas contra el noriegato.
En septiembre de 1993, reporté que Panamá y otros países centroamericanos habían contratado a Edward van Kloberg —notorio en Washington por su representación de dictadores sangrientos— y el escándalo hizo que el presidente Endara cancelara el contrato. Luego reporté que el bufete de Swidler and Berlin había sido contratado para asesorar asuntos financieros y como se trataba de un bufete muy serio, esa noticia no causó controversia alguna.
Ese mismo año (1993) según los diarios panameños, se contrató a Arnold and Porter (también un bufete serio y prestigioso) para asesorar la renegociación de la deuda externa, pero no tengo documentos que lo confirmen. Mis documentos muestran que el 10 de junio de 1994 (es decir, tras poquísimos días de que Ernesto Pérez Balladares fuera elegido presidente), Gabriel Lewis Galindo contrató a William Rogers de Arnold and Porter para gestionar contactos de alto nivel en Washington.
A lo largo del gobierno torista, el contrato con Arnold and Porter continuó y creció. En 1995, por ejemplo, entre gestiones políticas y asesoría de la deuda externa, el bufete cobró casi un millón de dólares, pero es cierto que sus informes de ese año detallan una labor impresionante de cabildeo. Luego se le entregó también el tema de la limpieza de las áreas militares que Estados Unidos estaba abandonando, así como el litigio con Texaco (en los documentos, veo cierta confusión entre su actuación como abogados y sus gestiones de cabildeo).
Mientras tanto, el gobierno de Pérez Balladares también tuvo otros cabilderos; el más notable fue Shepardson, Stern y Kaminsky, al que se le pagó 30 mil dólares al mes en 1997 para responder a las noticias negativas en los medios estadounidenses y hacer sondeos que midieran la reacción popular panameña a los programas del gobierno. Estos hechos fueron reportados en mis columnas y en las primeras planas de La Prensa.
Así llegamos al gobierno actual. Mis artículos del pasado lunes, daban cuenta de los contratos del último año y medio sin hacer comentario alguno sobre la conveniencia o no de que Panamá haya contratado estos cabilderos. La ciudadanía tiene un derecho absoluto a estas informaciones y (como siempre) enviaré copia de los documentos pertinentes a quien me lo pida.
Pero allí no se debe acabar el asunto. Los documentos tienen muchos vacíos que ameritan más explicación, además de que debemos examinar si los beneficios recibidos justifican los honorarios pagados. Es simplemente cuestión de exigir una rendición de cuentas, porque ningún contrato estatal debe ser un cheque en blanco; menos aún cuando son contratos con un alto potencial de abuso. Si bien es cierto —como me comentó alguien alzando sus hombros— que en Washington “el acceso cuesta plata”, también es cierto que lo que algunos tildan de “acceso” otros llamarían “tráfico de influencias”. La proximidad entre “tráfico de influencias” y franca corrupción es lo que amerita que vigilemos constantemente la contratación y las actividades de cabilderos, tanto extranjeros como criollos, bajo cada gobierno.
La autora es corresponsal en Washington
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