Salvo raras excepciones, los gobiernos panameños, en su mayoría, no han tenido perspectiva ni visión a largo plazo, tal vez debido al hecho de que no han sabido resolver los problemas inmediatos antes de que se convirtieran en crisis de mayores proporciones. Mientras tanto, los asuntos que trascienden lo actual no reciben la atención que merecen, precisamente por tratarse de cuestiones difíciles que tendrán consecuencias a largo plazo. Son precisamente esos temas los que deben ser objeto de un diálogo y un acuerdo nacional, porque su importancia supera a los gobiernos de turno y a las divisiones políticas de ocasión. Problemas tales como el de la Caja de Seguro Social, la posible construcción de un tercer juego de esclusas que aumente la capacidad del Canal, la ampliación de las reservas de agua para operarlo, la necesidad de una reforma constitucional integral, el IDAAN, las normas e instituciones indispensables para combatir la corrupción, y la simplificación de los infernales trámites burocráticos, son apenas algunos de los asuntos que reclaman una consideración especial y responsable. No es solo cuestión que concierna al Ejecutivo, porque el poder público lo ejercen los tres órganos del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, de modo tal que la responsabilidad es de todos. Ojalá así lo entiendan, en vez de perder el tiempo en amenazas recíprocas que podrían causar un grave daño a la institucionalidad democrática.