Denuncian que la ley antiterrorista da pie a abusos

Por Jorge A. Bañales

Washington, 30 (EFE) — La nueva ley antiterrorista de Estados Unidos "abre la puerta a malos usos y abusos", según la Unión de Libertades Ciudadanas, que ha demandado judicialmente al Gobierno para obtener información sobre cientos de personas detenidas desde el 11 de septiembre.

La Administración del presidente George W. Bush mantiene envuelta en la confusión y el secreto la detención de unas mil personas relacionadas con la investigación de actividades terroristas, después de los ataques que dejaron casi 5 mil muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania.
"Hemos iniciado una acción judicial contra el Departamento de Justicia porque el Gobierno no ha respondido a nuestros peticiones de información sobre los detenidos", dijo a EFE el director de la Unión de Libertades Ciudadanas (ACLU por su sigla en inglés), Anthony Romero.

El Departamento de Justicia ha informado ocasionalmente sobre el número de personas detenidas, pero no ha dado nombres ni sitios donde esas personas están bajo custodia ni, en muchos casos, sobre cuáles son los cargos que sustentan su arresto.

La ACLU envió hace dos semanas una carta al secretario de Justicia, John Ashcroft, en la que pedía información, y Romero junto con otros miembros del grupo mantuvo una reunión con el director del FBI, Robert Mueller.
"Salimos de la reunión con Mueller sin respuesta a nuestras preguntas", dijo Romero. "El Gobierno nos ha dicho que esas personas están detenidas en el curso de una investigación federal, que afecta a la seguridad nacional, y que por eso el gobierno no tiene por qué responder a nuestras preguntas".
"Y por eso, porque no nos queda otro recurso, hemos presentado una demanda en un tribunal federal para que el gobierno entregue esa información".

Según Romero, algunas personas que estuvieron detenidas y quedaron en libertad, han informado sobre "confinamiento y hostigamiento", y la ACLU indicó que muchas de esas personas han permanecido sin contacto con abogados y familiares.
Pero la ACLU no tiene información directa y, hasta ahora, no tiene los recursos para entrevistar directamente a esas personas."Es el gobierno que tiene la obligación de informar", dijo Romero.
Mindy Tucker, una portavoz del Departamento de Justicia, dijo el lunes que todas las personas detenidas han tenido acceso a abogados.

La ley, que por sus siglas en inglés se conoce como PATRIOT, fue aprobada por el Congreso después de casi tres semanas de discusión, y el presidente George W. Bush la promulgó la semana pasada.
"La ley nos tiene muy preocupados porque presenta peligros para las libertades y los derechos ciudadanos en EU", dijo Romero. "Estamos muy preocupados porque sus disposiciones tienen efectos enormes sobre los derechos de los ciudadanos y de los inmigrantes".
Según Romero, la definición de terrorismo que contiene la ley "es demasiado amplia y ambigua".
"Se puede interpretar de manera que atente contra las manifestaciones de las personas que se opongan a la guerra", agregó, antes de indicar que "podría detenerse a estas personas bajo la definición de terrorismo que contiene la ley, podrían ser detenidos quienes hagan manifestaciones pacifistas o se opongan al bombardeo de Afganistán".

Otros aspectos que, según Romero, significan amenazas graves para las libertades ciudadanas en Estados Unidos, son las estipulaciones de la ley que permiten los allanamientos sin notificación de la persona afectada, y la intervención de comunicaciones telefónicas y cibernéticas.
"La realización de allanamientos seguirá estando bajo el requisito de órdenes judiciales, pero ya no será necesario que se notifique a la persona afectada", indicó. "La policía puede entrar a una casa, puede revisar todo, los libros, los documentos, las llamadas telefónicas, todo, sin que se notifique al afectado".

Los cambios que la nueva ley introduce en la legislación de inmigración "son permanentes y no afectan solamente a los árabes".
"No son los derechos de los terroristas los que están amenazados, sino los de todas las personas que viven en este país", indicó Romero.
"Basta con que el Gobierno afirme que una persona representa una amenaza para la seguridad nacional para que esa persona pueda ser detenida", dijo el director de ACLU.
"Cuando nos entrevistamos con Mueller le dijimos que él tenía la obligación de informar a la ciudadanía cómo se protegerán los derechos constitucionales".