'Call centers': ¿a la medida de
C&W?
MONICA GUARDIA
mguardia@prensa.com
Las zonas procesadoras no están satisfechas
con el proyecto de ley de call centers, aprobado por la Asamblea
Legislativa el 11 de octubre, y piden a la presidenta Mireya Moscoso
que no lo sancione.
“El proyecto debe ser devuelto a la Asamblea
y revisarse, porque como está no logrará atraer nuevos call centers
al país”, opinó el abogado Ricardo Muñoz Tejeira, presidente de
Panamá Teleport, zona procesadora que participó en una reunión para
discutir el proyecto de ley. Estuvieron también presentes PanaExport,
la Zona Procesadora de Cárdenas y otras.
Convencidos de que la ley fue diseñada a
la medida de Cable & Wireless –“que tiene más poder que nadie
en Panamá”–, los representantes de las zonas procesadoras aseguran
que, de ser sancionada, solo beneficiará a la compañía inglesa.
Se referían a que Cable & Wireless está
involucrada en el negocio, ya que opera un centro de llamadas de
400 empleados, que próximamente será manejado por su socio Sitel.
Cable & Wireless controla las tarifas
de telecomunicaciones, poder que puede usar para beneficio propio
y en contra de otros centros de llamadas. Adicionalmente, con el
proyecto de ley, recibirá las mismas ventajas de las zonas procesadoras
–cero impuestos y ventajas para la contratación laboral–.
Esta última concesión representa un duro
golpe para las zonas procesadoras, que aspiraban a atraer el lucrativo
negocio de call centers y que, con la ley, perderían su atractivo.
Las zonas procesadoras para la exportación
fueron creadas por la Ley 25 de 1992, con el propósito de atraer
inversiones de alta y mediana tecnología. El artículo 13 del Capítulo
III de la ley autoriza la instalación y operación de sistemas de
suministro de telecomunicaciones y telemáticos, además de suministro
de energía eléctrica y agua para suplir las necesidades de las empresas
que allí se instalen.
Sin embargo, el Ente Regulador se ha negado
a concederles la licencia tipo A para operar los servicios de llamadas
de larga distancia.
“El Ente solo ha concedido licencia tipo
B, de punto a punto, pero una zona procesadora –que busca una competitividad
internacional que no ofrecen las tarifas locales– no puede operar
sobre esa base, dijo Muñoz.
Según el abogado, bajo las leyes actuales,
los call centers hubieran podido establecerse en las zonas procesadoras
sin tener que pagar el dólar de impuesto.
Después de nueve años, y millones de dólares
en inversiones sin haber podido despegar, los gerentes y propietarios
de las zonas se sienten desanimados.
“Se está dando incentivos mejores a todo
el que los quiera: la Ciudad del Saber, el proyecto de Howard, el
proyecto multimodal del Consorcio San Lorenzo”, aduce Aida Maduro,
gerente general de PanaExport. Ella se pregunta: “¿qué pasó con
los que creímos en la ley 25, e invertimos ya?”.
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