Dos nombres y un consorcio
Según los abogados de
Consorcio San Lorenzo, son dos empresas distintas que no tienen
ninguna relación
VICTOR D. TORRES
vdagoberto@prensa.com
¿Consorcio San Lorenzo, S.A.? o
¿Consorcio San Lorenzo? a secas.
El polémico Consorcio San Lorenzo, asociación
accidental, que desarrollará el Centro Multimodal de Servicios en
la provincia de Colón, coincidentalmente, tiene el mismo nombre
del Consorcio San Lorenzo, S.A., una sociedad anónima panameña.
A simple vista, pareciera que se trata de
lo mismo. Según los abogados del Consorcio San Lorenzo, son dos
cosas distintas que no tienen ninguna relación.
Como quiera que sea, el denominador común
son sus dignatarios: Stephen Peter Jones (presidente), Lucila Barberna
(secretaria) y Francisco José Carrera (tesorero). Jones es uno de
los hombres de confianza del grupo Rodin, que construyó el Puerto
de Manzanillo en la década de 1990.
¿Qué es el Consorcio San Lorenzo, S.A.?
El Consorcio San Lorenzo, S.A., es una sociedad
anónima panameña inscrita el 13 de junio del 2001, con el propósito
de desarrollar un centro multimodal e industrial de servicios conocido
como CEMIS. Según el registro, el Consorcio San Lorenzo, S.A. podrá
establecer empresas de ensamblaje y procesamiento de productos terminados
o semielaborados de servicios generales.
Un día antes de inscribirse el Consorcio
San Lorenzo, S.A., en el Registro Público (el 12 de junio del 2001),
el otro Consorcio San Lorenzo participaba en la licitación del CEMIS
como una sociedad accidental de seis empresas.
Dichas compañías se juntaron para participar
en la licitación para la construcción, explotación y administración
de todas las instalaciones y terrenos adicionales requeridos para
el centro Logístico Multimodal y el aeropuerto internacional de
Colón.
Tal y como dicen sus abogados, la Ley 56
de 27 de diciembre de 1995 permite la creación de sociedades accidentales
para participar en una licitación pública.
¿Quiénes participan en el Consorcio
San Lorenzo?
Las empresas que participan en el Consorcio
San Lorenzo son: Colon International Airport, S.A., Colon International
Airport Development Corp., S.A., Centro Multimodal Industrial y
de Servicios (CEMIS), S.A., Mckinney Internacional, S De R.L., Airport
Consulting Vienna (de Austria) GMBH, y Birk Hillman Consultants,
Inc. (EU).
De las seis empresas, las tres primeras son
panameñas y aparecen inscritas como tales en el Registro Público,
todas ellas vinculadas al grupo Rodin. Mckinney Internacional aparece
inscrita como una sociedad de responsabilidad limitada, filial de
la estadounidense Mckinney and Company Inc. Mientras que las dos
últimas no aparecen inscritas en el Registro Público.
Uno de los abogados y socios del Consorcio
San Lorenzo, Harry Castro, dijo que la legislación panameña es flexible
y permite la participación en licitaciones de empresas extranjeras
sin que estén inscritas en el Registro Público.
De acuerdo con otros juristas, las empresas
extranjeras para operar en Panamá deben habilitarse inscribiéndose
en el Registro Público.
Polémica de un contrato
La amplitud y diversidad de actividades y
beneficios fiscales que tendrá el Consorcio San Lorenzo ha desatado
una ola de críticas al proyecto. El contrato se encuentra en la
Asamblea Legislativa pendiente de discusión. Curiosamente, ningún
legislador se ha pronunciado al respecto.
Quienes sí han objetado el contrato son los
empresarios agrupados en la Asociación de Usuarios de la Zona Libre
de Colón (AU).
En un documento, preparado por los economistas
de la AU se señala que, un plazo de 80 años otorgado al consorcio
para mantener exenciones fiscales y beneficios, es excesivamente
largo para que la empresa recupere su inversión y genere ganancias
sobre ellas. Según la AU, la empresa debe establecer claramente
en qué tiempo logrará la recuperación de su inversión.
La AU señala que el concesionario tendrá
la posibilidad de cobrar a los usuarios del CEMIS, sin ningún tipo
de injerencia - ni del Gobierno Central ni del gobierno local -,
derechos, tasas, cánones u otros cargos a los usuarios.
Según la AU, con el pago de 0.20 por metro
cuadrado, el Estado se amarra a una renta fija durante 80 años,
sin tomar en cuenta que la capacidad adquisitiva del dinero disminuye
a través del tiempo a medida que aumenta el nivel de precios de
la economía.
La AU también cuestiona el hecho de que el
Estado, por conducto de la ZLC, reconoce un crédito del 70% a favor
del concesionario sobre todas las inversiones que realice. “Esto
es excesivamente desigual con relación al Lease Back que reconoce
la administración de la Zona Libre a sus usuarios, que es del 30%”,
explican los economistas de la AU.
Los usuarios muestran su preocupación porque
el Estado reconoce la posibilidad al concesionario de que pueda
prestar y cobrar por los servicios de luz y agua, gas y teléfono,
lo cual reafirma la convicción de que dentro del área del CEMIS
se esté creando un nuevo tipo de enclave.
La presidenta de la AU, Digna Donado, considera
que con el crédito por inversión que se otorgará, se estaría cometiendo
una lesión patrimonial contra el Estado. El consorcio se ahorraría
unos mil 200 millones de dólares con todos los beneficios que recibiría
en 27 años, asegura Donado.
En el contrato se garantiza al consorcio
estabilidad impositiva y tributaria, con lo que quedará sujeto únicamente
al régimen vigente. También garantiza estabilidad tributaria municipal.
Reconoce que los terrenos comprendidos dentro del área del proyecto
no son en su totalidad aptos para el desarrollo del proyecto (aproximadamente
el 20%), por lo que garantiza que otorgará al concesionario el uso
de otras tierras que se incorporen al área del proyecto.
En cuanto a las más de 214 hectáreas en las
que operará el CEMIS en Colón, también se han hecho cuestionamientos
al valor catastral.
Según un avalúo de la Dirección de Catastro
del Ministerio de Economía, el metro cuadrado en donde funcionará
el Centro Multimodal tiene un precio de 10 dólares. Sin embargo,
la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) mantiene un avalúo
de 45 dólares el metro cuadrado.
Celos por un proyecto
Ante las críticas hechas al CEMIS, Harry
Castro, abogado del Consorcio San Lorenzo, asegura que están dispuestos
a hacer las modificaciones al contrato.
A su juicio, lo que se pretende es modernizar
la Zona Libre de Colón (ZLC), institución que en los últimos 52
años ha trabajado como un área segregada.
Según Castro, quien ha estado vinculado a
la ZLC durante décadas, en los últimos 15 años se ha notado que
debido a la falta de mayores incentivos, la entidad se ha quedado
obsoleta.
“La Zona Libre ya no va a generar más riqueza;
el negocio de importadora y reexportadora de productos terminados
ya no producirá mayores empleos en Colón”, agregó Castro.
“Es por eso que el CEMIS pretende incorporar
otros conceptos, con un parque industrial para integrar los puertos,
el ferrocarril y el aeropuerto”, añadió.
Castro afirmó que hay un grupo de empresarios
de la ZLC que ha iniciado una conspiración contra el proyecto hasta
“satanizarlo”, diciendo que se trata de un contrato al estilo Bunau
Varilla, porque crea una nueva Zona del Canal al estilo norteamericano.
Dichos empresarios tienen celos del CEMIS, agregó Castro.
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