Economía: agenda de Estado
El Gobierno aspira a
elevar el tema económico a política de Estado, con miras a lograr
un desarrollo económico estable y consensuado
Franklin Castrellón
fcastrellon@prensa.com
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Norberto Delgado
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En el centro del debate nacional sobre la política
económica del país, el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado,
pareciera estar dispuesto a revaluar la ejecución del “Plan Económico,
Social y Financiero con Inversión en Capital Humano” implementado
por el Gobierno de Mireya Moscoso.
Al menos, ello es lo que se infiere de una
entrevista ofrecida a La Prensa por el titular del MEF.
Tras calificar la política económica del
Estado como la definición de los lineamientos para conseguir sus
objetivos, Delgado identificó las siguientes metas del Gobierno:
1) Establecer una política macroeconómica y financiera; 2) alcanzar
un crecimiento sostenido y sostenible, y 3) Incrementar los niveles
de empleo y reducir la pobreza.
“Todos esos objetivos han estado insertados
en los (lineamientos de los) tres gobiernos democráticos a partir
de 1999, señaló el titular del MEF.
Según Delgado, el Plan Económico del Gobierno
contiene los elementos macroeconómicos (generales) hacia una política
fiscal y financiera saludable. El gran obstáculo, reconoció, es
la altísima deuda heredada del período militar, el 90% de la cual
está pactada a intereses fijos. De allí que el Gobierno no pueda
aprovechar las bajísimas tasas surgidas tras los ataques terroristas
del 11 de septiembre en Estados Unidos.
¿Qué estrategia proyecta implementar el Gobierno
para lograr una tasa aceptable de crecimiento en las circunstancias
actuales? ¿Qué nivel de crecimiento se espera alcanzar con la implementación
de esta estrategia?
El momento actual concentra varios elementos
que tornan las condiciones económicas no muy favorables y que persisten
desde hace algún tiempo. Desde mediados de 1998, ´la economía comenzó
a decrecer por causas que han sido explicadas y reconocidas (el
retiro de las bases norteamericanas, las alzas de los precios del
petróleo, la culminación de grandes proyectos de infraestructura
vial, el término de la burbuja del crédito al consumo y los efectos
coyunturales de las privatizaciones), lo que causó la desaceleración
de los sectores internos.
A todo ello se ha sumado la desaceleración
de la economía mundial desde hace más de un año, y que se prolonga
hoy con perspectivas no muy claras tras los acontecimientos del
11 de septiembre en los Estados Unidos y el conflicto en Afganistán.
Prevemos que los últimos sucesos nos afectarán
a corto plazo en actividades como el turismo, en el que teníamos
grandes expectativas, el transporte aéreo y las exportaciones. El
movimiento de capitales se contraerá, haciendo más difícil la captación
de inversión extranjera. Dado ese marco de referencia, nuestra estimación
del crecimiento económico para el próximo año lo situamos entre
1% y 1.5%.
No obstante, la política económica del Gobierno
Nacional se continuará implementando en los próximos tres años.
Se espera que en su evolución y aplicación se transforme en política
de Estado y se eleven las tasas de crecimiento dentro de un desarrollo
económico estable y consensuado.
Para lograr esos objetivos, los instrumentos
de política económica y acciones públicas se orientan a:
- Lograr un manejo óptimo de los recursos
financieros, mejorar el ahorro público para autofinanciar gran parte
del programa de inversiones e impulsar medidas que hagan la gestión
pública más eficiente y transparente.
- Promover el desarrollo económico vía exportaciones.
Esto se logrará con una política comercial más beligerante, que
incluya tratados de libre comercio (TLC) y la reducción de distorsiones
e incentivos que inciden negativamente en la competitividad para
exportar, pero siguiendo las normas de la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
- Incorporar la inversión privada, mediante
concesiones, para el desarrollo de servicios públicos y la inversión
en macroproyectos.
- Desarrollar políticas sectoriales específicas
para aprovechar el potencial económico de nuestra economía. En el
caso de las exportaciones, que se beneficien de nuestra posición
geográfica, particularmente a través de la Autoridad de la Región
Interoceánica (ARI), el Canal de Panamá, el desarrollo del sistema
multimodal, la política energética y el turismo.
¿Qué posición asumirá el gobierno en las
próximas reuniones con el FMI frente al hecho cierto de que no ha
podido cumplir algunos aspectos de la Carta de Intención vigente?
Del 14 al 17 de octubre de 2002, el viceministro
de economía, Domingo Latorraca, estuvo en Washington y realizó reuniones
con inversionistas internacionales, banqueros y calificadoras de
riesgo. En esa oportunidad se brindó información para actualizarles
sobre los aspectos económicos relativos a Panamá. Se aclararon aspectos
del cierre fiscal esperado, y se discutieron temas relacionados
con asuntos financieros del sector público, los planes del Gobierno
en torno a la administración de la deuda pública y el estado del
Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD).
Se les informó también sobre las fuentes
de desarrollo económico para el país, sobre todo en telecomunicaciones,
centros de llamadas, turismo, operaciones portuarias y sobre la
liquidez del centro bancario internacional y los cambios profundos
que se han implementado, brindándole solidez, transparencia y credibilidad
en el mercado financiero internacional.
Pese a los acontecimientos económicos y políticos
mundiales, las perspectivas continúan siendo positivas para Panamá.
Su estatus de “puerto seguro” ante situaciones como las actuales,
fue reiterado.
Esta apreciación favorece las expectativas
sobre la Carta de Intención de Panamá con el Fondo Monetario Internacional
en el sentido de que, luego de considerar las nuevas circunstancias,
podremos lograr un acuerdo, sobre las bases del esfuerzo de la República
de Panamá en mantener una política fiscal prudente y disciplinada,
que sobresale en el entorno de los países de la región.
¿Qué proyecta hacer el gobierno para mantener
a niveles aceptables la relación deuda-PIB? ¿Cómo afectará esto
el objetivo expresado por el Gobierno de alcanzar la calificación
de grado de inversión?
Desde el inicio de su gestión, el planteamiento
del Gobierno ha sido el de implementar medidas fiscales tendientes
a evitar los efectos del ajuste económico que se preveía severo.
Se presentó la estrategia de recomprar deuda externa para bajar
el monto de los intereses por su servicio y para mejorar la relación
deuda-PIB, lo que permitiría reestructurarla para bajar su peso
real sobre el presupuesto del Estado, que se refleja en su incapacidad
para ahorrar y, por lo tanto, para realizar inversiones con recursos
propios. Sin embargo, no se logró el consenso y no se implementaron
mecanismos adecuados para controlar esa situación.
Como alternativa, el Gobierno sometió a consideración
del país una revisión del sistema tributario, con el objetivo de
redistribuir el ingreso, favoreciendo el crecimiento del consumo
a través de una menor carga fiscal para el sector laboral y, además,
lograr recursos para el Estado que le permitan financiar en parte
su inversión.
Frente a este escenario, el Estado hizo un
enorme esfuerzo para contener el endeudamiento público, que permitió
bajar la deuda global en 57 millones de dólares en valor neto. Las
razones que motivaron esa medida no se basaron en una política ortodoxa
en materia macroeconómica; se sustentaron en una estrategia para
mantener abiertos los mercados financieros en un futuro cercano,
al mostrar un cuadro macroeconómico bajo control, en vista de que
en el año 2002 la deuda externa y la pública tienen que atender
las obligaciones más altas del último decenio, incrementadas por
el bono a corto plazo emitido en 1997 (con vencimiento en el 2002).
La ejecución satisfactoria de esa estrategia
nos permitió lograr el financiamiento del servicio de la deuda para
el año 2001, al salir a los mercados y colocar 750 millones de dólares
en bonos, destinados exclusivamente al servicio de la deuda para
el año 2001 y a cubrir parcialmente los fondos para el 2002, de
240 millones de dólares para atender un servicio muy difícil de
cumplir.
En resumen, nuestra política fiscal se mantendrá
dentro de los parámetros que nos permitan, en materia de déficit,
deuda y gasto, no afectar el equilibrio macroeconómico, conservar
en la comunidad financiera internacional nuestra posición como sujeto
de crédito y mantener una disciplina que permita a Panamá lograr
la calificación de grado de inversión.
Economistas y diplomáticos han señalado que
Panamá carece de un plan económico a mediano y largo plazo. ¿Está
el gobierno visualizando la posibilidad de diseñar una estrategia
y un plan como el señalado?
Lamentablemente, sobre ese tema se ha insistido
en repetir dicho señalamiento, sin hacer una pausa y tomarse el
tiempo para comprobar que el Gobierno, desde un inicio, ha planteado
claramente su política económica. Durante el proceso electoral,
la hoy Presidenta de la República presentó al país su Plan de Gobierno
contenido en el documento “Nuestro Compromiso para el Cambio”, que
sirvió de base para el Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero
con Inversión en Capital Humano, hecho público en marzo del 2000.
Parece ser que ha prevalecido la apatía y
la crítica apresurada, en lugar de la crítica constructiva. Estamos
abiertos a los señalamientos de esa naturaleza, que aporten, porque
reconocemos frente a la complejidad, la amplitud y dinámica de los
temas económicos, que la actitud más perjudicial es la de pretender
que el plan presentado es un instrumento acabado y con punto final.
Con ese criterio se ha actualizado el plan
económico, tomando en consideración el entorno en que se desarrolla
la economía, tanto a nivel global como nacional, y los cambios que
condicionan las acciones para solucionar los problemas que enfrenta
el país. Allí se recapitulan los objetivos de la política económica
y se presentan los principales instrumentos en materia de política
financiera y fiscal, estructural y de desarrollo, social y público,
que implementa el Gobierno.
También hemos considerado la formulación
de una estrategia de más largo alcance para conducir los esfuerzos
del sector público y privado hacia el logro de un alto nivel de
crecimiento y desarrollo para el país. Con ese fin se está gestionando
con el Gobierno del Japón asistencia técnica que nos ayude en el
diseño de planes de mediano y largo plazo con objetivos bien definidos.
También se ha señalado que las estrategias
y planes deben ser producto del consenso político para asegurar
su continuidad en el tiempo. ¿Está el actual Gobierno realizando
algún esfuerzo en esa dirección?
Ciertamente, la gobernabilidad y el consecuente
ahorro de tiempo, recursos y esfuerzos en la gestión pública, se
logran en forma más eficaz cuando se alcanza el consenso político
que permita trabajar en una forma ágil y fluida. El jueves 18 de
octubre se inició el Diálogo Nacional para la Reactivación Económica,
que refleja el interés de los sectores políticos, empresarial y
laboral para que se establezcan acuerdos nacionales ejecutables
que permitan el crecimiento y desarrollo económico del país.
En esa primera reunión se hizo entrega formal
de los documentos "Consideraciones del PRD en torno al entendimiento
nacional”, el cual le fuera presentado a la Presidenta por el Secretario
General del PRD, Martín Torrijos, y “Bases para la búsqueda de un
consenso nacional para lograr el desarrollo económico sostenido”,
en el cual se centra la propuesta del Gobierno Nacional. También
se acordó la constitución de una Secretaría Técnica como mecanismo
operativo de diálogo, para alcanzar resultados en el plazo más corto
posible. Además, se presentó el Plan actualizado de desarrollo económico,
social y financiero con inversión en capital humano (2001).
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