No hay peor ciego que quien no quiere ver, ni peor sordo que quien no quiere oír es un viejo dicho aplicable al problema del IDAAN. Ni las cualidades que adornen al director ni el virtuosismo de una nueva ley -cuya pronta aprobación, por cierto, aún no se vislumbra- pueden disipar la realidad: para mejorar la calidad del servicio se requieren fuertes inversiones y alguien tiene que pagarlas. Si el Estado no dispone de fondos para ello, habrá que recurrir a la empresa privada. También se requieren nuevas tecnologías y procesos de gestión. Si la burocracia estatal no es apta para el cambio, también habrá que recurrir a la empresa privada. Craso error demeritar la privatización o las concesiones administrativas, mucho menos si son parciales y, desde luego, siempre que el Estado no soslaye la responsabilidad subsidiaria con los más necesitados que requieren de su apoyo.