Baluartes ecológicos
Errol E. Caballero
ecaballero@prensa.com
 Durante
décadas los grupos ecologistas han hecho enfásis en la necesidad
de preservar los ecosistemas a nivel mundial, los cuales se ven
amenazados ante el avance de una voraz civilización. No obstante,
los mismos no han establecido cómo se puede hacer esto sin mermar
el desarrollo económico de los países.
Esta es precisamente la interrogante que
25 renombrados científicos se plantearon hace aproximadamente un
año atrás. Sus conclusiones fueron publicadas en la edición del
21 de septiembre de la revista Science, bajo el título “Can we defy
nature's end?” (¿Podemos desafiar el final de la naturaleza?).
Uno de los autores de este ambicioso artículo
fue el científico colombiano Cristian Samper K, quien en la actualidad
funge como subdirector del Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales.
Recientemente, La Prensa tuvo la oportunidad
de conversar con Samper acerca de la naturaleza y alcance de este
proyecto, el cual fue auspiciado por la organización ecologista
Conservation International (CI).
Antecedentes
De acuerdo con Samper, el cónclave científico
que dio como resultado el artículo de la revista Science tuvo lugar
en el Instituto Californiano de Tecnología (CALTECH, por sus siglas
en inglés). En la misma participaron 25 individuos científicos provenientes
de diversas entidades de investigación y conservación de los cinco
continentes. En ese entonces, el actual subdirector del Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, se desempeñaba como director
del Instituto Alexander von Humboldt, en Colombia.
La asamblea conservacionista, en la cual
participaron tanto científicos como empresarios, se prolongó por
espacio de tres días, durante los cuales se procuró establecer cuáles
eran los pasos por seguir para garantizar la preservación de la
biodiversidad a nivel global, y, sobre todo, cuál iba ser el costo
económico de estos esfuerzos.
Se decidió así seleccionar 25 sitios estratégicos
a nivel mundial que representaran verdaderos puntos claves para
el sostenimiento de la biodiversidad mundial, y cuya preservación
asegurara la sobrevivencia de la mitad de las especies vivas del
planeta.
El grupo de científicos, que fue liderado
por Stuart L. Pimm, del Centro de Investigación Ambiental de la
Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos,
utilizó varios parámetros de selección para conformar la lista de
estos 25 sitios estratégicos, tales como la diversidad de los ecosistemas,
la riqueza de especies, el endemismo de la misma, el grado de amenaza
ambiental existente en estas zonas, etc.
¿Cuál fue la cifra propuesta por el científico
y sus colegas para asegurar el mantenimiento de una biodiversidad
saludable a nivel mundial? De entre 20 a 30 billones de dólares,
cifra que, según Samper, tuvo buena acogida entre los representantes
del sector privado. Cabe recordar que el presupuesto del programa
espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio
(NASA) de Estados Unidos se estima en 130 billones de dólares.
Aunque esta cantidad no sea suficiente para
salvar el 90% u 80% de las especies que en la actualidad se ven
amenazadas, Samper considera que esta cifra es mucho más realista
y que pretender preservar en su totalidad la biodiversidad del planeta
resulta un proyecto francamente utópico.
Las 25 zonas calientes de la biodiversidad
Los 25 puntos claves que fueron escogidos
son: Andes tropicales, Sundaland (Malasia), la cuenca mediterránea,
Madagascar y las islas del Océano Indico, India-Burma, Caribe, región
boscosa del Atlántico, Filipinas, provincia florística de Cabo,
Mesoamérica, Cerrado brasileño, Suroeste de Australia, montañas
del Sur y Centro de China, Polinesia/Micronesia, Nueva Calidonia,
Chocó Darién-Oeste del Ecuador, bosques de Guinea en el Oeste de
Africa, Oeste de Ghats y Sri Lanka, provincia florística de California,
Karroo (Sudáfrica), Nueva Zelandia, Chile central, Cáucaso, Wallacea
(Indonesia), montañas del Arco del Oeste y los bosques costeros
de Tanzania y Kenya.
El territorio panameño quedó incluido dentro
de dos de las zonas seleccionadas: Mesoamérica, que incluye a Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el noroeste
de Panamá; y la región de Chocó-Darién hasta los bosques húmedos
del noroeste de Ecuador.
Mesoamérica tiene una extensión de 1 millón
154 mil 912 kilómetros cuadrados y Chocó-Darién-Oeste de Ecuador
260 mil 595 km.
Obviamente, esto no quiere decir que el resto
de las reservas naturales del Istmo no tengan importancia ecológica,
si no que estos son los más valiosos desde el punto de vista de
la administración de recursos naturales. “Cuando no se cuenta con
abundantes recursos, hay que establecer prioridades. En este caso
en especial, cuáles son las áreas que se pueden proteger para que
tengan un mayor impacto en la preservación de la biodiversidad a
nivel global”, explica Samper.
El científico recomienda que este nuevo enfoque
ecológico debería ser aplicado a nivel interno en Panamá, para que
de esta manera las autoridades puedan elaborar planes de conservación
que estén más apegados a la realidad.
A pesar de que el corto tiempo que ha transcurrido
desde la publicación en la revista Science (un poco más de un mes),
la iniciativa de Samper y el resto de los científicos ecologistas
ya ha empezado a rendir frutos. Varios donantes han mostrado interés
en financiar el mejoramiento de 25 centro de investigación ubicados
dentro de las “zonas calientes”.
Para Samper la misión de salvaguardar el
patrimonio biológico del planeta no le corresponde tan solo a los
científicos, si no que va mucho más allá incluyendo también a las
autoridades gubernamentales, las universidades, la empresa privada,
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), etc. ”Aunque muchos
gobiernos reconocen la necesidad de proteger los recursos naturales,
por lo general este desafío sobrepasa las capacidades institucionales
de los mismos para establecer y manejar áreas protegidas”, indicó.
Para subsanar esta situación, Samper propone
estrechar los lazos de comunicación entre los científicos y los
políticos, para que la información científica sea más accesible
y pueda consolidarse como la base de la toma de decisiones en lo
que a política ecológica de los gobiernos se refiere.
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