Las burlas de la “Ciudad Jardín”

Lo que antes fueron dos bloques de 30 apartamentos en la calle Evans, es ahora el proyecto Albrook Park, con 197 apartamentos y 28 locales comerciales

Con la entrega al país de los bienes que fueron transferidos junto con el Canal, un buen número de panameños acogió el llamado de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) para adquirir viviendas en las áreas revertidas. Muchos lo hicieron. En Albrook por ejemplo y en un tiempo muy breve, la demanda superó la oferta. La razón del éxito comercial fue, sin lugar a dudas, las promesas que envolvió la oferta.

Albrook iba a ser una “Ciudad Jardín” con todas las bondades de una experiencia residencial y urbanística inédita hasta entonces en el país. El proyecto fue vendido como un conjunto de residencias que se beneficiarían de forma permanente de un entorno natural conservado durante décadas por la antigua administración estadounidense.

Algunos, alentados por la perspectiva de hacer una buena inversión; otros que consideraban la posibilidad de mudarse a las afueras de la ciudad en búsqueda de un mejor ambiente residencial, y otros más que ponderaron las ventajas de vivir en una “Ciudad Jardín” a las puertas mismas de la capital, compraron como buena la oferta de la ARI y llegaron, o más bien resbalaron en Albrook.

A cuenta de hipotecas a largo plazo en unos casos, y en otros, de los ahorros de toda una existencia, las facilidades habitacionales de la antigua base militar fueron vendidas.

Cada nuevo residente entendió que su vecindad, con el aledaño contrafuerte del parque metropolitano, le imponía el compromiso de servir de custodio a la variada fauna del lugar. Solo los pioneros tuvieron el privilegio de ver llegar a las puertas de sus casas, o descansar en los alambres del tendido de la ropa, venados, ardillas, osos perezosos, monos tití, tucanes o pericos.

Pero un día, simplemente la franja boscosa fue abierta en canal para hacerle camino a un centro comercial. Indignados, los vecinos le pusieron un alto a las excavadoras. Los animales de monte que no murieron, tampoco han vuelto a aparecer. Los ñeques van siendo los últimos en mostrarse, sin que se sepa cuántos han muerto arrollados, ni que otras especies han sido desalojadas por el ruido ensordecedor, no ya de las aves sino de los vehículos que circulan por el sector.

En venganza, la ARI, o los responsables, no cumplieron el compromiso de buscar una alternativa para que el sector no fuera transitado por una cantidad de vehículos tal, que antes se asemejaba a la que circula por Vía Argentina a las 12:30 p.m., y que ahora por cierto, ha superado a la que lo hace por Calle 50 a las 5:00 p.m.

Sobre los espacios verdes que han existido entre una y otra propiedad, en los últimos meses trabajan como hormigas, no las hormigas sino los agrimensores de la ARI, desaforada y compulsivamente empeñados en medir la última cuarta de tierra disponible y no precisamente para sembrar árboles, sino para venderla, o para mercadearla, como dice la entidad. Y esto, para distanciarse del acto vulgar de la venta, no vaya a decirse que están comerciando con alguna cosa.

Ahora, lo que antes fueron dos bloques con un total de 30 apartamentos en la calle Evans, ha sido convertido en el proyecto Albrook Park, que constará de 197 apartamentos y 28 locales comerciales. Este proyecto lógicamente impactará de forma severa la densidad poblacional de un espacio planificado para su capacidad actual, lo que se verá agravado con los dos vehículos por apartamento que el proyecto ha asignado. Aunque parezca inverosímil —o más bien para confirmar que aquí las leyes se hacen para ser burladas—, el proyecto viola la Resolución 139-2000 del Ministerio de Vivienda que reglamenta el concepto de Ciudad Jardín.

Todo esto ha provocado la indignación de los residentes de Albrook, que se preguntan si para ellos no existe seguridad jurídica alguna que los proteja de la burla de que vienen siendo objeto por parte de la ARI. ¿A qué instancias deben acudir para reclamar sus derechos? ¿O deben resignarse, como todas las víctimas de este y otros atropellos similares, a sufrirlos a vista y paciencia las entidades competentes del Estado que, como en este caso, más bien parecen cómplices de las partes interesadas en la violación de esos derechos? No puede ser.

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