De política

Patente de corso

El PARLACEN sostiene a una organización dedicada a mantener la inmunidad de gobernantes que abandonan el sillón presidencial después de haber atormentado infamemente a sus pueblos

José Montano

Solís estaba en la obligación de enviar al PARLACEN una nota reclamatoria debidamente apoyada por el expediente de marras levantado en contra de Martinelli Corro.

Cuando don Gerardo Solís se convenció o lo convencieron de que, finalmente, podía incoar un expediente político legal en contra de su excelencia Ramón Martinelli Corro, llámese Cambio Democrático, olvidó que no es a cualquier embajador pagado por la Cancillería a quien se le podría quitar su “colchón-inmune” y mucho menos si su excelencia representa a la patria boba ante el flamante Parlamento Centro Americano (PARLACEN).

Mientras don Ramón se divertía viendo a don Gerardo irse a contravía pidiéndole a la Asamblea Legislativa de Panamá el levantamiento de su inmunidad, dentro del PARLACEN se tejía una telaraña capaz de asegurarle a don Ramón mucho más conforte y tranquilidad, alejándole, incluso, de los magistrados del Tribunal Electoral que por “secula seculorun” se han declarado impedidos para pronunciarse sobre las quejas de don Gerardo convertida en un expediente que se mantiene estancado, sin apuros, en la Secretaría General tribunalicia.

Dos párrafos sarcásticos son suficientes para ingresar a uno de los más graves hechos de la politiquería centroamericana-panameña que por años sostiene a una organización dedicada a mantener la inmunidad de gobernantes que, como denominador común, abandonan el sillón presidencial después de haber atormentado infamemente a sus respectivos pueblos y naciones.

La “región” política ha llegado a tremendos estados de corrupción, que ya ni se inmutan por lo que ocurre en un PARLACEN, cuyos diputados se cobijan bajo un manto “supranacional”, como me dijo ayer sin tapujos ni ambages el portavoz de esa organización, tras confirmarme que toda querella legal que requiera el levantamiento de la inmunidad de sus sátrapas está por encima del Estado reclamante y solo surte efecto al socaire de sus reglamentos.

Fue por eso que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa de Panamá archivó, “por no ser de su competencia”, un pedido del fiscal Electoral, Gerardo Solís, quien reclama ante los tribunales a un político como Ramón Martinelli Corro, y no a un “sobrehombre” amparado por todo tipo de inmundicias estatutarias por las que se rige el flamante PARLACEN.

Pero aquí no termina el “encierro” del gato. Hay mucho más.

El fiscal electoral levantó su expediente, lo envió a la Secretaría General, e inmediatamente hizo uso de sus vacaciones. ¿Se desconectó? El incidente hubiese pasado desapercibido si su despacho hubiese realmente terminado el caso, para entonces enviarlo a los magistrados. Pero no fue así.

Solís tenía que saber que Martinelli Corro se maneja dentro de una instancia que juega con sus reglas propias y, mucho más, cuando se trata de una organización creada, fundamentalmente, para proteger a sus “diputados” de cualquier acción extramuros.

Es inconcebible que el fiscal Electoral no actuara en la dirección que el PARLACEN pudiera permitirle, aunque sea, montar el “show “.

Solís estaba en la obligación de enviar al PARLACEN una nota reclamatoria debidamente apoyada por el expediente de marras levantado en contra de Martinelli Corro. Esa documentación tendría que ser analizada, por fuerza reglamentaria, por la junta directiva del PARLACEN tras lo cual, por lo menos, se verían obligados a emitir un pronunciamiento.

Pero nada de eso ocurrió, razón por la cual la junta directiva del PARLACEN no se inmutó. Ahora ya es tarde. ¿Por qué tarde? Pues porque mientras las autoridades panameñas jugaban a la patria boba, ese organismo eligió el 22 de octubre su nueva junta directiva y, ¿qué cree usted que ocurrió, mi querido lector? Simple y sencillo. Ramón Martinelli Corro fue electo, junto con otros tres diputados, vicepresidente del PARLACEN.

Si el asunto era difícil antes, díganme hoy si ese esperpento de organización será capaz de iniciar un proceso en contra de uno de sus, ahora, pundonorosos vicepresidentes.

Especial para La Prensa

¿Para qué sirve el PARLACEN?

Es preocupante que la institución centroamericana esté auspiciando la impunidad de sus miembros

José Blandón Figueroa

Recientemente, hemos sido testigos de la solicitud efectuada por la fiscalía Electoral de la República de Panamá, para que le fuera levantada la inmunidad al diputado Martinelli, miembro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Para efectos del presente análisis, no tiene mayor relevancia si el diputado Martinelli es o no culpable de los hechos que se le imputan. Lo realmente importante es dilucidar quién tiene la facultad de levantarle la inmunidad a un diputado del PARLACEN.

En este sentido, al declinar la Asamblea Legislativa la competencia para analizar el levantamiento de la inmunidad en mención -que muchos consideraban correspondía a la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales- y al asumir la competencia el propio PARLACEN, en virtud del Tratado Constitutivo que le da vida jurídica, surge la interrogante de si esta medida no representa un aval a la impunidad de los funcionarios electos para integrar esa institución.

¿No es realmente preocupante el hecho de que Panamá no cuente con una autoridad que sea competente para levantar la inmunidad a estos funcionarios? Más aún, ¿estamos acaso ante una renuncia a nuestra soberanía frente a la posibilidad de que el PARLACEN esté en capacidad de definir si la República de Panamá podrá, a futuro, juzgar o no al presidente y vicepresidentes de la República solo por estar dispuesto en su Tratado Constitutivo que estos, al salir de su cargo, son miembros plenos de este Parlamento?

Si bien es cierto que no he examinado a profundidad el texto del Tratado Constitutivo del PARLACEN, considero que, independientemente de la interpretación correcta de la normativa jurídica aplicable, debiera existir una instancia, a nivel nacional, que goce de la autoridad y facultades necesarias para ser competente y decidir sobre este tema en particular. Al fin y al cabo, se trata de funcionarios panameños, electos en Panamá, para representar a Panamá.

En este orden de ideas, e independientemente del delito que se impute, es preocupante el hecho de que este grupo de personas, escogidas por el sistema de listas, que es una forma de elección popular indirecta, y de quienes no se percibe mayor trabajo realizado, estén auspiciando la impunidad de sus miembros y asumiendo, en alguna medida, posiciones desafiantes como podría considerarse el hecho del reciente nombramiento del diputado Martinelli dentro de la directiva de este Parlamento. Y reitero, no hago valoración alguna sobre los cargos que se le imputan a este, pero me parece que, sin mediar una solicitud formal de las autoridades panameñas, ya se han pronunciado negativamente, ya que resulta difícil creer que permitirán la investigación y juzgamiento penal de un miembro directivo de este cuerpo colegiado.

Es un hecho que la comunidad nacional se pregunta insistentemente para qué sirve el PARLACEN. Bueno, ahora sabemos que el PARLACEN sirve para la impunidad a quienes pertenecen a ese órgano. Ahora bien, sería bueno saber si sirve para algo más.

Legislador de la República

Frases de la semana

“Spadafora es perfecto para el cargo, Mireya...”

La presidenta de la República, Mireya Moscoso, explicando alas pretensiones del ex ministro Spadafora de convertirse en magistrado de la Corte Suprema.

“..el Estado es dueño de los certificados y tiene que darle respuesta a las solicitudes de la presidenta...”.

El director del Tránsito, Pablo Quintero Luna, justifica la concesión de “cupos políticos” a transportistas.

Lo que ellos opinan

Milton Henríquez
Secretario general del Partido Popular

La Asamblea ha actuado en derecho ya que, de acuerdo con el Tratado Constitutivo del PARLACEN, es a ese organismo al que le compete levantar la inmunidad. Es como si se le pidiera al Consejo Municipal de Panamá que le levantara la inmuni-
dad a un legislador electo en el distrito capital; son competencias distintas.

Oydén Ortega
Abogado y docente

Es una potestad de la Asamblea, como parte de sus funciones judiciales, conocer de las denuncias contra sus miembros y levantarles la inmunidad en determinados casos para que sean juzgados. Sin embargo, por tratarse de un miembro del PARLACEN, pudiera entenderse que la Asamblea no tiene tal atribución.

Foro ciudadano

La impunidad es un efectivo caldo de cultivo de la corrupción. Los gobernantes piden las pruebas, pero cuando se producen, como en el caso del cobro de cuotas para Cambio Democrático a los empleados del IDAAN, surgen entelequias legales como la inmunidad parlamentaria. En resumen, más impunidad.