Tras los activos de ADELAG
Por ahora “no hay nada”, solo una mercancía y algunos títulos valores que no superan los 400 mil dólares. El curador tiene una ardua tarea
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
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Narciso Arellano Moreno
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Después de la debacle financiera del Canal Francés, la quiebra del Grupo ADELAG es la más escandalosa en la historia panameña.
Son más de 120 millones de dólares en pérdidas que en menos de un año dejaron en cenizas al otrora poderoso grupo, fundado en 1947 por el desaparecido Aquilino de la Guardia Abadía.
El juez décimo séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, Jorge Isaac Escobar, declaró el mes pasado “en formal estado de quiebra” todas las empresas pertenecientes al Grupo ADELAG. Esta acción fue promovida por los bancos General, Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Citibank,
El juez nombró como ejecutor al abogado Narciso Arellano, quien ya realizó la primera reunión con un grupo de acreedores, quienes reclamaron créditos por 45.7 millones de dólares.
En Panamá, la mayoría de estos procesos queda “en el limbo”; es decir, nunca concluyen. Pero con ADELAG no ocurrirá lo mismo, según aseguró el curador.
“Tengo el firme propósito de que esta quiebra llegue a su fin”, sentenció Arellano.
Por ahora “no hay nada”, solo una mercancía y algunos títulos de valores que no superan los 400 mil dólares.
Pero cuando los bancos promovieron este proceso de quiebra, eran conscientes de esta realidad, y su intención no es recuperar el dinero perdido, sino que se concluya en una declaratoria de “quiebra fraudulenta”.
Todo indica que lograrán su objetivo. El artículo 1558 del Código de Comercio establece 13 causales para que se considere una quiebra como fraudulenta.
La causal número uno señala: “si el fallido no tuviere libros o inventarios, o los inutilizare u ocultare, o si hubiere cometido en ellos alguna falsedad”.
Arellano en su primera reunión con los acreedores les informó que ha confrontado dificultades para tener acceso a los libros y registros contables del grupo.
Además, la Comisión Nacional de Valores multó a los hermanos Aquilino y Carlos de la Guardia y a Epiménides Díaz, entre otros, por “falsificación de documentos y alteración de registros contables, luego de una investigación que se inició al detectar un faltante por 51 millones de dólares en los estados financieros del grupo
Expectativas del curador
El curador tiene que realizar una serie de investigaciones que lo lleven a sugerir el tipo de quiebra al que se está enfrentando, pero, además, debe recuperar la mayor cantidad de activos posibles y distribuirlos en proporción a cada uno de los afectados.
El trabajo es bastante complicado y el proceso aún más complejo.
Arellano inició su trabajo el 17 de septiembre, y hasta el momento no tiene idea de la cuantía de los activos, ni se le han aprobado sus honorarios y tampoco tiene una oficina en donde operar.
“Todavía continuamos con el problema de la ubicación de los libros contables, que es lo que nos puede dar a nosotros un indicativo de los activos y pasivos de las empresas fallidas, que nos permitan al menos saber aproximadamente cuánto se puede recuperar”, comentó el curador.
Sin entrar en lo que serán sus honorarios, Arellano necesita cierta suma de dinero para cubrir gastos administrativos.
Hay un ambiente muy favorable, aseguró, especialmente de los bancos acreedores de facilitarle una cantidad de dinero para que pueda hacer las investigaciones, detectar la ubicación de los bienes y de los libros, y sufragar los gastos que este proceso conlleve.
Superados estos inconvenientes, en unos tres meses, aproximadamente, se pudiera tener una idea de cuánto se podrá recuperar, “que no creo que sea mucho”.
“Por ahora no hay nada”, insistió el entrevistado, solo una mercancía ubicada en lo que eran los antiguos depósitos de Tecnollantas, en la vía Ricardo J Alfaro.
Arellano no ha tenido ningún contacto con los dueños del grupo, solo con su representante legal, la firma Moreno y Fábrega.
Según el auto No. 1592 emitido por el juez Escobar, Aquilino de la Guardia, representante legal de las sociedades fallidas Financiera El Roble, El Triángulo, S.A., Tecno Auto, S.A., Tecno Taller, S.A., Unicentro Trading Company, Inc. y ADELAG, y Epiménides Díaz Salazar, representante legal de El Eléctrico Internacional, tienen prohibido ausentarse del domicilio de la quiebra sin licencia previa del Juzgado Décimo Séptimo del Primer Circuito Judicial.
Un sólido emisor
ADELAG era un grupo sólido que desde 1982 recurrió permanentemente al mercado y que honraba sus compromisos.
Con ventas que superaban los 71.5 millones de dólares anuales, una utilidad neta de 2.4 millones de dólares y con activos totales de 54.5 millones de dólares a junio de 1999, ¿qué inversionista iba a predecir en ese momento que dos años después de ADELAG solo se recordaría el nombre?
Los datos financieros antes citados fueron los que el grupo presentó cuando una de sus subsidiarias, Financiera El Roble, llevó al mercado en 1999 lo que sería su última emisión de Bonos Corporativos.
En 1994, el grupo, que en ese momento se denominaba El Triángulo, tenía un capital de 8.2 millones de dólares y activos por 31 .4 millones.
Al inicio, sus operaciones principales estaban relacionadas con la venta de juguetes. En 1950, la familia Romero invierte en la empresa y se forma Rodelag. En 1978, Aquilino de la Guardia se independiza y adopta el nombre comercial de Grupo Triángulo, que luego se convirtió en ADELAG. Este, un relevo generacional ocurrido a principios de la década del 90, quedó en manos de Aquilino y Carlos de la Guardia Romero.
En mayo del año pasado ya se escuchaban los rumores de que el poderoso grupo tenía problemas financieros. No sólo sus ventas habían caído casi dos millones de dólares entre junio de 1999 y junio de 2000, sino que se habían acumulado en ese período deudas y cuentas por pagar que rondaban los 62 millones de dólares, suma que al final quedó en 120 millones de dólares.
Luego, la Comisión Nacional de Valores detectó el “ajuste” de 51 millones de dólares en sus estados financieros.
El expediente final de la investigación fue remitido a la Procuraduría General de la Nación.
En caso de que se decrete la quiebra fraudulenta, los directivos del grupo estarían sujetos a sanciones penales y a demandas civiles por daños y perjuicios. La decisión del juez décimo séptimo podría darse dentro de unos seis meses.
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