Asamblea no aprobará Presupuesto
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
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El pleno de la Asamblea debe aprobar el presupuesto antes de diciembre, de lo contrario regirá el del año anterior
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La “estrecha y armónica colaboración” constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha convertido en una nueva disputa por el Presupuesto General del Estado, al que le sobran “peros” y le faltan votos.
Lo ha confirmado Mateo Castillero, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, al decir que el mismo “no es consistente con la realidad económica del país, por lo que su aprobación no es viable y pondría en peligro la buena imagen de manejo responsable de las finanzas públicas”.
Así las cosas, el próximo mes de noviembre, la Asamblea Legislativa recomendará “los ajustes que harían factible su aprobación”, informó Castillero.
Uno de los más feroces cuestionamientos es la disparidad entre el crecimiento económico de 1.5% proyectado para el 2002 y el incremento de 4.9% en los ingresos corrientes para ese mismo año.
Otras críticas giran en torno a proyecciones “irreales” en la recaudación de los impuestos de inmuebles, de importación e I.T.B.M.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea denunció también que algunas de las normas de administración presupuestaria del Ejecutivo “violentan el espíritu y letra de la Constitución”, porque le asignan la facultad de modificar el presupuesto sin tener que consultar con el parlamento.
La prueba de esto, según Castillero, es que el presupuesto vigente ha sido modificado mediante la aprobación de 500 traslados de partidas por unos 21 millones de dólares y 38 créditos adicionales por 118 millones.
Aunque por sólo unas horas, un representante del Ejecutivo y otro del Legislativo se sentaron en una misma mesa, durante el almuerzo organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
Por el Ejecutivo, el viceministro de Economía,
Domingo Latorraca, explicó que la mayor parte de los 460 millones de dólares en los que aumentó el presupuesto estatal para la vigencia 2002, corresponden a obligaciones “no discrecionales” que no es posible recortar.
Se trata de pagos de intereses y amortización de la deuda externa y aumentos automáticos de salarios por leyes especiales.
Para el 2002, el presupuesto del Estado refleja un déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos) de 253.4 millones de dólares, mientras que las necesidades de financiamiento para cubrir el presupuesto ascienden a mil 148 millones de dólares, debido a la baja en los ingresos tributarios.
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