Trabajadores de tabacalera exigen su pago

MITRADEL nombró como custodio de la empresa tabacalera a su propia dueña

Parte del grupo de trabajadores portan documentos y publicaciones de periódicos relacionados con la empresa tabacalera y sus actividades.

LA PINTADA, Coclé. —Un grupo formado por 21 trabajadores de la empresa tabacalera G&R Internacional, S.A. exige el pago de sus prestaciones laborales en medio de serias denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), regional de Coclé.

La empresa es una de las tres tabacaleras cuyos bienes fueron cautelados por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

Las denuncias

Juan Francisco Guardado, vocero del grupo de trabajadores, relató que todo comenzó hace dos meses y 22 días cuando fueron suspendidos temporalmente.

Ramón Rojas, otro trabajador, señaló que la empresa les pidió que mantuvieran un compás de espera de 30 días, hasta que la situación económica de la empresa mejorara.

Sin embargo, pasó el tiempo y nunca fueron llamados nuevamente, ni se les hizo efectivo el pago de las prestaciones, agregó.

Tampoco se hizo un despido formal, sino de hecho, ya que ningún trabajador tiene carta de despido.

Ambos trabajadores señalaron que en vista de lo que estaba sucediendo, acudieron a las autoridades del MITRADEL en Coclé a fin de buscar respaldo.

No obstante, los trabajadores sienten que las autoridades se han parcializado con la empresa, ya que ellos solicitaron un secuestro de los bienes para salvaguardar el pago de sus prestaciones, y el MITRADEL en lugar de nombrar a un custodio imparcial para que cuidara la propiedad, nombró a la propia dueña de la empresa.

Al final del secuestro, ellos quedaron como si fueran delincuentes comunes, porque ni siquiera se les permite acercarse a las instalaciones de la compañía tabacalera, localizada en La Pintada, provincia de Coclé.

Además de eso, el Ministerio de Trabajo les nombró un defensor de oficio que suscribió un acuerdo con la empresa a espalda de los trabajadores.

El acuerdo firmado por Anaxímenes González, defensor de oficio en el MITRADEL de Coclé, contempla el pago de más de 9 mil dólares a los 21 trabajadores que reclaman sus prestaciones, en pagos escalonados de seis meses.

A juicio de los empleados de la tabacalera, ese acuerdo es lesivo a sus intereses, pues además de no ajustarse a lo que ellos piensan que deberían recibir, se les hace efectivo de manera escalonada.

Y como si fuera poco, dentro de la suma acordada, el abogado se reserva para sí mil 400 dólares en concepto de costas judiciales.

Los trabajadores se preguntan entonces si un defensor de oficio pagado por el Estado puede cobrar sumas adicionales de dinero a los obreros que representa, máxime cuando en este caso cobraría casi el doble y el triple de lo que recibirían algunos obreros.

La empresa

Miriam Padilla es la propietaria de la empresa G&R Internacional S.A., fabricantes de la línea de tabacos Joyas de Panamá.

Según relató, el grupo de trabajadores que le está “haciendo la guerra” siempre mantuvo problemas de indisciplina en la fábrica.

Los lunes llegaban engomados, se iban cuando les daba la gana y fue por allí por donde comenzaron los problemas, comentó Padilla.

Añadió que ella nunca rehuyó el compromiso de pagarle sus prestaciones a los trabajadores, y prueba de lo anterior es que cuando se firmó el acuerdo entre los abogados de ambas partes, la empresa hizo el depósito inicial del pago correspondiente a las prestaciones en el MITRADEL.

Un cheque por la suma de 2 mil 375 balboas con 72 centavos reposa en la regional del Ministerio de Trabajo en Aguadulce, indicó la propietaria de la tabacalera.

Señaló que ha sido problema de los trabajadores que no han querido ir a cobrar sus prestaciones, aunque algunos sí lo hicieron.

Padilla añadió que cuando los trabajadores intentaron hacer efectivo el secuestro de los bienes, lo que hicieron fue destruir la fábrica, ya que dañaron acondicionadores de aire, muebles y parte del cielo raso.

Fue por ello que se tomó la decisión de no permitirles llegar al área, en vista de que también habían dañado el vidrio de un vehículo que ella utilizaba.

Los empleados, por su parte, negaron que eso fuera cierto.

Pero Padilla aseveró que el grupo de trabajadores ha amenazado a los pocos compañeros que se quedaron laborando con ella y han incurrido en situaciones irregulares como la de llevar turistas a conocer las instalaciones, lo cual no les estaba permitido.

En cuanto a la queja de los trabajadores en el sentido de que los 9 mil dólares no cubren lo que se les debe, Padilla acotó que el cálculo se les hizo de acuerdo con el tiempo laborado y en base a la producción, no así basado en el salario mínimo.

Sucede, dijo la empresaria, que los empleados no cumplían sus ocho horas de trabajo, porque como cobraban en base a lo que producían, se retiraban más temprano a sus hogares.

La opinión del MITRADEL

Cecilio Sáenz, director regional de Trabajo en Coclé, negó que la institución se haya parcializado en este caso.

Lo que se ha tratado en todo momento es preservar el derecho que tienen los trabajadores de cobrar sus prestaciones.

Sobre el nombramiento de la propietaria de la empresa como custodio de los bienes y el cobro del defensor de oficio de costas judiciales, Sáenz aseguró que las dos cosas las permite la ley.

Según Sáenz, cuando se practicó el secuestro los trabajadores procedieron prácticamente a desmantelar la empresa y fue por ello que al final se decidió dejar a la propietaria como responsable de los bienes, que además eran muy pocos y no cubrían ni siquiera una tercera parte del monto equivalente a las prestaciones de los trabajadores.

Sáenz dijo que ve con buenos ojos el acuerdo suscrito entre los abogados porque la realidad es que la empresa enfrenta serias limitaciones económicas, al tiempo que indicó que el secuestro no se levantará hasta que la empresa cumpla con el pago de su compromiso.

Eso significa que la propietaria no puede trasponer, ni enajenar, ni vender los bienes.

El funcionario señaló que hay intransigencia de parte del grupo que reclama, y al final lo que van a provocar es que la empresa cierre operaciones y deje cesantes a los empleados que sí quieren seguir laborando, además de no hacer efectivo el pago de las prestaciones como se ha mostrado dispuesta a hacerlo ahora.

"Ayer martes, el grupo de trabajadores se presentó a las oficinas del MITRADEL en Aguadulce y le dieron poder al abogado José Domingo Prescilla para que los represente a partir de la fecha.

Los obreros pidieron la anulación del acuerdo firmado entre su anterior representante legal, Anaxímenes González, y los dueños de la empresa, en el que se fijó el pago de los más de 9 mil dólares en concepto de prestaciones".

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