El lamentable accidente de tránsito que afectó a la presidenta de la República y a otras personas, debe ser cuidadosamente analizado por las autoridades competentes, con el propósito de identificar sus verdaderas causas y las razones por las cuales no pudo hacerse nada efectivo para evitar el resultado. Tal vez hubo confusión en las señales de alto a los demás vehículos, pero aun cuando sea así, es evidente que no hubo el tiempo suficiente para reaccionar. Es obvio que la caravana presidencial viajaba a una velocidad imprudente, dada la hora y el lugar en donde se produjo el accidente. Aun así, si se hubiese guardado una distancia razonable entre los vehículos, se habría podido evitar la fuerte colisión. Así lo demuestran las fotos del estado en que quedó el auto presidencial como consecuencia del accidente. Probablemente se trata de un caso de lo que en derecho se conoce como culpas compartidas, que se concatenaron para producir el resultado. El Sistema de Protección Institucional (SPI) debe examinar todas las circunstancias y evaluar críticamente la actuación de sus propios agentes, para adoptar las medidas necesarias a fin de impedir que hechos semejantes vuelvan a ocurrir. De lo contrario el SPI se convertiría en Servicio de Peligro Institucional.