La máquina de terror estatal
No tengo duda alguna de que, frente a la difícil situación económica que atreviesa nuestro país, el panameño de a pie resiente y rechaza los constantes cierres de calle que diversas organizaciones utilizan como método tradicional de protesta (...) El suscrito, al igual que la mayoría de los panameños y panameñas, considera que es reprochable cualquier tipo de manifestación que represente o constituya afectación de derechos de terceros; más sin embargo, ello no justifica de manera alguna que la violación de un derecho implique la vulneración de otro.
Mi condición de ´presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados me impide mantener silencio frente a los lamentables hechos acaecidos el pasado 5 de octubre, de los cuales todos fuimos testigos: la cobarde y brutal agresión de que fueron víctimas jóvenes estudiantes universitarios por parte de unidades de la fuerza pública vestidos de civil, en aparente complicidad de altos personeros gubernamentales (...)
Algunos funcionarios de menor jerarquía, se han dado a la tarea de esgrimir las más ridículas justificaciones para tan deleznables hechos, sustentados en la afectación de los derechos de terceros.
Las imágenes difundidas a través de los distintos noticieros locales de televisión -una horda de policías, con indumentaria de paisanos, arremetiendo contra un minúsculo grupo de estudiantes universitarios, con premeditación, ventaja, saña y alevosía-, revelan que lo actuado llevaba implícito un objetivo: intimidar y ejercer coerción sobre la población civil.
La incipiente democracia panameña no puede darse el lujo, ni aceptar, bajo ninguna circunstancia, que los aparatos de seguridad del Estado instituidos conforme a nuestra Carta Magna, para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, se conviertan nuevamente en una máquina de terror estatal.
Señora presidenta, los panameños nos merecemos de usted, en calidad de jefa de la Fuerza Pública, una explicación y respuestas firmes ante tan graves y amenazantes actos, que violan los derechos humanos de los panameños y panameñas, y que riñen con la Constitución y la ley que usted juró cumplir y defender.
Guido Fuentes
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