Análisis de la encuesta

La situación económica empeora

El Gobierno no da señales de cambiar los fundamentos de la economía

RAÚL GASTEAZORO
Especial para la prensa

Un análisis de las opiniones de los encuestados sobre la gestión del Gobierno y la economía es revelador. La mayoría de los encuestados considera que el desempleo es el mayor problema que enfrenta el Gobierno (46.7%). Más de la mitad considera que su situación económica ha empeorado. Esto es confundir el síntoma con la enfermedad. El problema del desempleo tiene sus raíces en el débil modelo económico que hemos seguido por los últimos 50 años. Si nuestra economía no tiene el vigor y el dinamismo para absorber a nuevos trabajadores, el desempleo siempre será un problema medular de nuestra sociedad.

Lo triste es que el Gobierno no dé señas de cambiar los fundamentos de la economía, y todo lo que podría hacer para reducir el desempleo es solo un paliativo que a la larga fallará en crear un crecimiento económico sostenible. La empleomanía gubernamental y los subsidios no resolverán el problema del desempleo, porque no contiene el germen necesario para fomentar la inversión privada y la actividad económica. El Gobierno tiene que romper con los patrones antiguos y cambiar los elementos fundamentales de la economía, promoviendo la actividad exportadora, la competencia y la eficiencia al penetrar mercados cada vez mayores. Solo así se podrá tener la esperanza de que todos en el país vamos a mejorar económicamente.

El segundo y el tercer problemas que identifican los encuestados son la crisis económica y la corrupción. Considerando que esta encuesta viene a poco más de un mes del ataque terrorista que afectó al mercado internacional de capitales, es difícil saber cuál realmente tiene prioridad en la mente de los encuestados, la corrupción o la crisis económica.

Una, la crisis, es intratable, ya que es poco lo que uno puede hacer como país o como ciudadano para resolverla. Sí existe conciencia (65.4%) de que el Canal corre peligro en una crisis bélica internacional. La otra, sin embargo, es producto de nuestra sociedad criolla. Nosotros tenemos la solución a la corrupción si queremos resolverla, ya sea por parte del Gobierno o por parte de la sociedad civil. En efecto, de los problemas presentados a los encuestados, la corrupción es la más tratable si existe la voluntad política y moral para resolverla. Tal vez es por ello que el 66.5% califica a la gestión de la presidenta, Mireya Moscoso, como mala o muy mala en combatir la corrupción. El Gobierno prefiere enterrar la cabeza y hacer creer que no hay corrupción, algo que la sociedad ya conoce como uno de los principales problemas del país.

El cuarto y el quinto mal de que adolece la sociedad, según los encuestados, es la delincuencia y la mala administración. Pero ya aquí la encuesta indica que son relativamente pocos (6.1%) los que se preocupan por estos problemas como centrales en nuestro medio. La delincuencia en parte es consecuencia de nuestros problemas económicos. Son los menos privilegiados los que primero sufren la embestida al bajar la actividad económica y quienes optan por la delincuencia para solventar sus problemas. Curiosamente, más del 53.7% considera que la gestión social en las áreas de salud, educación y vivienda son positivas para la presidenta. El uso masivo e ineficiente de los recursos del Estado acoplados a la propaganda gubernamental y el carisma de la presidenta en su trato con las masas son las principales razones que explican esta estadística.

La mala administración es el resultado de la falta de experiencia del Partido Arnulfista en la administración pública, y las fallas de liderazgo y administrativas, de la presidenta. Ella nunca ha administrado algo tan complejo como una nación, y depende de su Gabinete para hacerlo. La mayoría de los ministros tiene experiencia política, pero faltan los tecnócratas necesarios para generar una política gubernamental coherente. Por ello, el 73% de los encuestados considera que la política económica y el empleo han sido mal o muy mal manejados por el Gobierno.

En cuanto a nuestro bienestar económico y nuestro futuro, la opinión es que mantenemos el statu quo (36.9%-50%) o se empeorará la situación económica (41.2%-39.3%). Como país, todavía pesa la deuda externa. Curiosamente, el 63.7% opina que los dineros del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) deberían usarse para mejorar el servicio del IDAAN. La mayoría de los panameños seguimos pensando que el agua es gratis, y que si le damos recursos al IDAAN, esta institución mejorará el suministro de agua si “se le tira dinero” para resolver el problema. Lamentablemente, esta institución, al igual que el IRHE y el INTEL, en sus momentos, no son entidades ni confiables ni eficaces ni profesionales. El IDAAN ha sido un botín político que estuvo hasta hace pocos meses en manos de Cambio Democrático. Tomará años antes de que el IDAAN pierda los vestigios de politización que han caracterizado su existencia. Los pasos a seguir para el IDAAN son conocidos; hay que cobrar por el agua, planificar cómo cumplir las necesidades y controlar el uso del agua. Esto requiere nuevas tarifas, mejor administración y planificación. Por ahora, el IDAAN no tiene la capacidad para resolver el problema del agua, con o sin el dinero del FFD. Más aún, los recursos del FFD debería usarse en forma más eficiente, ya que el rendimiento ha sido bajísimo, raspando el 3%, según los informes de la prensa. Si los recursos del FFD se usaran para comprar deuda panameña, el rendimiento sería de más del 10%.

Pero todos estos comentarios se basan en opiniones obtenidas en respuesta a preguntas muy ambiguas. Sin otras cifras estadísticas confiables sobre nuestra economía, estamos relegados a evaluar, mediante sondeos como este, el sentimiento de la mayoría de los encuestados. Las encuestas reflejan un universo mayor, en este caso a los ciudadanos de Panamá. Como es evidente por las opiniones y sentimientos de los panameños, tenemos mucho que mejorar.

La mala nota

¿Por qué la mayoría de los encuestados le ponen una mala nota al gobierno en su conjunto (órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial)?

La tendencia general en Panamá y la región en la que nos encontramos, es a expresar un bajo apoyo específico al desempeño de la democracia, aunque aún prevalecen niveles superiores —no eternos— de apoyo difuso al sistema. La valoración del desempeño parece venir más bien de un balance subjetivo, como resultado de la comparación que hace la población de las expectativas generadas en el momento electoral (1999), con la percepción que ella tiene del cumplimiento de esas expectativas en el momento de la encuesta.

No existen elementos para afirmar que existe un balance objetivo, producto del desempeño real de las instituciones de gobierno, en términos de la calidad o cantidad de sus logros efectivos, en un período determinado.

Esta desilusión con el desempeño de la democracia es una expresión de la pérdida de centralidad de la política, y de una decepción cada vez más profunda producto de la percepción creciente de una realidad caracterizada por “la fragmentación política, el clientelismo, el caudillismo, la ausencia de partidos democráticos, el cambio de bando, los proyectos políticos personalistas, la ausencia de programas y de reglas del juego internas, y otros males, que son el pan de cada día...” (Pedro Santana).

La mala nota expresa que la percepción del saldo actual que arroja el gobierno en su conjunto es negativo, proyectando el descontento ante la ineficacia de los políticos en solucionar problemas básicos que afectan a la gente, en consultar y dar participación a la población más allá del juego electoral. Subyace irritación respecto a una democracia formalista con pocos espacios de participación ciudadana, y la ineficacia de las acciones gubernamentales para resolver los problemas que afectan a la población.

El Estado posee cada vez menos capacidad de respuesta, producto del adelgazamiento en su capacidad de generar políticas públicas, como producto de los ajustes económicos y la falta de eficacia en la utilización del gasto social. Además, el debilitamiento de la economía deteriora las condiciones de vida y limita la capacidad de movilidad social.

Lo grave del asunto es que ningún órgano del Estado o partido se escapa de esta situación en la medida que son penalizados todos los órganos del Estado, y al mismo tiempo es preocupante, pues la impugnación puede algún día volcarse sobre la legitimidad de la democracia, abriendo la puerta a la búsqueda de salidas autoritarias.

Según Huntington, deben existir tres condiciones funcionales para construir sostenibilidad democrática: una cultura política democrática, un desarrollo del marco institucional y legal, y un consenso mayoritario sobre el proyecto nacional inclusivo, que debe ser una visión de desarrollo para el país, compartida por la mayoría de la población. El nivel de especificación de esta visión es diferente para la elite que para el conjunto de la población. El proyecto es inclusivo si con el desarrollo económico mejoran efectivamente las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Nuestra cultura política es de por sí débil, nuestro marco institucional legal es precario y somos huérfanos de un proyecto incluyente. Hay mucho por hacer y que construir en este país.