Las propuestas y el diálogo
Oficialistas y opositores,
sentados a la misma mesa, presentaron las propuestas a discutir
en el diálogo nacional
GIONELA JORDAN V
gjordan@prensa.com
Mientras que el opositor PRD planteó tres aspectos
en torno a los que deben girar las discusiones en el diálogo nacional
-reactivación económica, modernización del Canal y seguridad ciudadana-,
el Gobierno concentró su propuesta en el aspecto financiero y fiscal,
como vía para buscar soluciones a los problemas estructurales de
la economía panameña.
Basados en esos planteamientos, los representantes
del Gobierno, la oposición, el sector empresarial y laboral, intentarán
lograr un consenso de propuestas concretas para solucionar los graves
problemas que aquejan al país, principalmente aquellos relacionados
con la economía.
El sector opositor fue el primero en presentar
su propuesta denominada “Consideraciones del PRD en torno al entendimiento
nacional”.
En esta los perredistas proponen -como se
dijo arriba- iniciativas para la reactivación económica, la modernización
del Canal y medidas encaminadas a garantizar la seguridad social.
Respecto a la reactivación económica, el
PRD propuso la agilización de la entrega de los Certificados de
Participación Negociable (CERPAN), ya que señala que estos podrían
inyectarle unos 100 millones a la economía en forma temporal.
También propugna por el pago de las cuentas
atrasadas del sector público al comercio y a las industrias locales,
la eliminación temporal del cobro del Fondo Especial de Compensación
de Intereses (FECI) a los préstamos personales y comerciales para
reducir la deuda de los panameños.
Declarar además a la antigua base militar
de Howard como zona económica especial, la revisión de la política
energética para promover la inversión privada, la suspensión de
los aumentos de tarifas del servicio de energía eléctrica, y otorgar
en concesión la construcción y operación del segundo puente sobre
el Canal interoceánico.
Por su parte, la iniciativa del Gobierno
titulada “Bases para la búsqueda de un consenso nacional para lograr
el desarrollo económico sostenido” se sustenta en reformas estructurales
a nivel económico.
Esta iniciativa involucra seis puntos fundamentales:
la racionalización del gasto público, el tema de la deuda pública,
modificaciones a la ley que creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
(FFD), reformas tributarias, aspectos sobre la participación accionaria
del Gobierno en las empresas privatizadas y la incorporación de
la áreas revertidas al desarrollo económico del país.
Sobre la racionalización del gasto público,
la propuesta del Gobierno señala que adicionalmente al plan de racionalización
del gasto público para el 2001, se presentará ante la Asamblea Legislativa
un proyecto de ley por el cual se establecen topes máximos para
el gasto público en función del crecimiento de la economía.
Respecto a la deuda pública, el documento
establece que es vital para la viabilidad del desarrollo económico
nacional reducir el peso de ésta sobre las finanzas del Estado.
Se añade que depender del endeudamiento para
financiar la inversión pública no es posible, porque en la práctica
el endeudamiento se usa para financiar el pago de la misma deuda.
Por esa razón, -se argumenta en el documento-
con el objetivo de mantener la deuda pública en niveles aceptables,
una vez lograda su reducción, se buscará consenso en el diálogo
nacional para generar una ley que establezca topes de endeudamiento
público basado en estándares internacionales sobre endeudamiento
y su relación con el crecimiento de la economía.
Las reformas a la ley que creó el FFD también
forman parte de la propuesta del Gobierno.
Entre las utilidades que se pudieran dar
a esos recursos, el Gobierno propone la cancelación de la deuda
externa del Estado; destinar el 20% de sus recursos para la ejecución
de megaproyectos con capacidad de generar gran cantidad de mano
de obra y que se permita que el fondo compre deuda externa panameña
como inversión, hasta un 100% del capital remanente.
También hacer modificaciones de manera que
se pueda disponer de la utilización del FFD para una reestructuración
integral de la deuda externa.
Igualmente, el Gobierno insiste en lograr
un consenso sobre una reforma tributaria, con el objetivo de redistribuir
el ingreso en función de la disminución de la carga fiscal para
el sector laboral, que permita el ahorro individual y que incorpore
liquidez al consumo interno.
El oficialismo plantea, además, que las utilidades
de las empresas privatizadas respondan a los mejores intereses del
Estado. Aquí se plantean varias alternativas: la venta de las acciones
que mantiene el Estado en estas compañías, de tal manera que el
dinero resultante pudiera utilizarse para cancelar parte de la deuda
pública; la ejecución de proyectos, o depositar este dinero en el
FFD.
Otra de las alternativas planteadas sugiere
que se cancele la deuda interna entre organismos del Estado mediante
dación de acciones de propiedad del Estado.
El último aspecto que aborda el planteamiento
del Ejecutivo es llegar a un consenso en relación con la posibilidad
de utilizar las áreas revertidas como mecanismo para financiar obras
de infraestructura, de manera que sus activos se conviertan en respaldo
financiero para las mismas.
Este documento también propugna por los proyectos
del tren ligero, la autopista Panamá-Colón, y la ampliación de la
carretera Interamericana hasta David, Chiriquí.
Ambas propuestas -la del Gobierno y la del
PRD- coinciden, en forma genérica, en la instalación de una instancia
que se encargue de coordinar los proyectos de inversión.
En este sentido, el PRD propone el establecimiento
de una instancia ejecutiva de alto nivel para que acelere una serie
de proyectos de inversión del sector privado y en las áreas revertidas,
en tanto que el Gobierno creó una secretaría técnica como mecanismo
del diálogo.
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