Juicio a reos implicados en masacre de Coiba entró en fase de alegatos
Los 12 reos implicados en la masacre se autodeclararon inocentes
ISMAEL HERNANDEZ A.
ESPECIAL PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
SANTIAGO, Veraguas. —El juicio que se le sigue a los 12 reos implicados en la denominada “masacre de Coiba” ocurrida en 1998 y que resultó en tres decapitados y un desaparecido, entró ayer en la fase de alegatos.
Según la Ley 23, en vigencia desde el 5 de septiembre del 2001, las partes involucradas, tanto los abogados de la defensa técnica como los del Ministerio Público, tienen tres horas para sus alegatos, y una hora más por cada imputado.
Sin embargo, el magistrado sustanciador Manuel de Jesús Corrales aprobó conceder a la defensa técnica la petición de cuatro horas para sus alegatos finales. Antes de iniciarse la etapa de alegatos, Corrales presentó al jurado de conciencia el cuestionario técnico con una sola pregunta para cada implicado: ¿se declara inocente o culpable?
Este cuestionario técnico fue fuertemente criticado por el fiscal de la causa, Rolando Rodríguez, ya que al parecer fue el mismo formato que se utilizó en el caso de la decapitación del médico chitreano, Hugo Spadafora. En ese entonces, el jurado de conciencia declaró inocentes a casi todos los que participaron en ese hecho de sangre.
Rodríguez sostuvo que al cuestionario debió incluirsele “la participación del reo”, ya que no todos los reos implicados tomaron parte de igual forma en el homicidio; sin embargo, esto no fue considerado por el magistrado sustanciador.
Al cuestionario técnico, los 12 reos sindicados invocando el nombre de “Cristo Jesús y en honor a la verdad”, se declararon inocentes de los cargos formulados por el Tribunal Superior de Justicia.
En tanto, Gladys Morán, vocera del Ministerio Público y personera en aquella época, relató cómo el 29 de enero de 1998 levantó los cadáveres de los tres decapitados.
En su exposición, Morán se puso unos guantes y sacó de una bolsa de plástico negra suéteres, sábanas, y pantaloncitos que recogió en la escena del crimen, los cuales enseñó al jurado de conciencia y a la defensa técnica, diciendo que “para que no existiera duda sobre las evidencias”.
Edwin Alvarez, vocero del Ministerio Público, dijo que se ha demostrado que César Díaz (alias Gringo) e Israel Rodríguez Pelicot (alias Gato) no tuvieron participación en el homicidio de los cuatro reos miembros de la banda Los Perros de San Joaquín. Sin embargo, se les llamó a juicio por el delito de encubrimiento y por eso se les debe castigar.
Alvarez hizo un llamado a estos dos reos para que “hablen y digan la verdad” al jurado de conciencia sobre lo que realmente sucedió aquél fatídico día de la masacre.
El vocero del Ministerio Público fue incriminando a cada uno del resto de los implicados en la masacre, en la que de forma responsable y consciente participaron directamente de la muerte de los miembros de la banda Los Perros el 28 de enero de 1998.
Ayer de forma sorpresiva, se presentó a la sala de audiencias
el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, quien escuchó los alegatos y criticó la actitud “desleal y reprochable” del abogado de la defensa técnica, Carlos Herrera Morán, ya que en todo el proceso se ha dedicado a denunciar que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, han cometido faltas.
Sossa lamentó que “personas como Herrera cuando no tienen argumentos de defensa, recurran al insulto para de esa manera querer cubrir o encubrir sus limitaciones”.
Ante estas críticas, Morán respondió al procurador Sossa que él solo se ha dedicado a denunciar de forma profesional las irregularidades que se han cometido y que se mantienen en el expediente.
Hoy continúa la fase de alegatos del Ministerio Público en la persona de Rolando Rodríguez, fiscal de la causa en esta audiencia.
En este proceso que hoy cumple su décimo día, el Ministerio Público presentó a 15 testigos entre detenidos, madres de las víctimas, peritos, custodios, médico forense, siquiatra y otros. Se presentaron tres videos que mostraron la reconstrucción de los hechos del 28 de enero de 1998 en Playa Brava de la isla penal de Coiba.
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