En muchas ocasiones se ha cuestionado, con razón, el sistema constitucional para designar y aprobar el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Basta cumplir los requisitos mínimos de edad, ser idóneo para el ejercicio del derecho, tener experiencia profesional por al menos 10 años en el sector público, privado o académico, y estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos, para que el Consejo de Gabinete pueda nombrar a quien quiera, sujeto a la aprobación legislativa. No intervienen en los nombramientos criterios éticos, consideraciones sobre la independencia judicial ni de la majestad de la justicia. Son nombramientos y aprobaciones determinadas por consideraciones partidistas, razones de amistad o compromisos de otra índole. El comentario es oportuno, porque el próximo 31 de diciembre vencerán los términos de dos magistrados de la Corte, razón por la cual, instituciones como el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana pro Justicia, la CGTP, el CoNEP y la APEDE, han solicitado que el nombramiento de los magistrados -y su aprobación- se efectúe basado en consideraciones éticas, independencia de criterio, integridad y capacidad profesional o méritos académicos. Lamentablemente, mientras no se produzca una reforma constitucional sobre el nombramiento de los magistrados, la administración de justicia continuará sometida a la improvisación y al arribismo.