Panamá, 16 de octubre de 2001
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Responsabilidad compartida

La empresa privada panameña, salvo honrosa excepción, no se preparó para el cambio que planteaba la globalización y la apertura de mercados

Eliseo Castillo V.

La crisis económica agota a todas las naciones del orbe. Panamá, por su sistema económico, es susceptible a estos embates y nuestro Gobierno hace esfuerzos titánicos para administrar la crisis, en procura de que tanto nacionales como extranjeros podamos paliar la situación sin caer en los niveles de inestabilidad política de otros países.

Las empresas calificadoras internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, presagian negros nubarrones económicos para América Latina, agravados por la acción terrorista del 11 de setiembre pasado.

La empresa privada panameña, salvo honrosa excepción, no se preparó para el cambio que planteaba la globalización y la apertura de mercados. Desde 1985, cuando Nicolás Ardito Barletta planteó una reforma estructural, los empresarios del campo y la ciudad se tomaron muy a la ligera los pronósticos negativos, así como las consecuencias de no modernizar la economía nacional y ponerla en consonancia con los retos universales.

Pasando por los gobiernos de los presidentes Endara, Pérez Balladares y ahora Mireya Moscoso, se intentó —contra viento y marea— que los sectores productores se adaptaran al nuevo quehacer económico, olvidándose del paternalismo y del proteccionismo que solo trajo una deformación en nuestro crecimiento y un constante aumento del costo de vida del panameño.

Los políticos globalizantes que intentaron que se respetaran los marcos establecidos, se eliminara el contrabando, los monopolios y las exclusividades, golpearon a aquellos empresarios acostumbrados a la ganancia fácil en detrimento del auténtico crecimiento de la economía nacional.

Ahora, el Gobierno de Mireya Moscoso tiene ante sí una crisis que solo puede enfrentar ordenando la actividad económica del campo y la ciudad. Tiene el gobierno que someter ante la sociedad un aumento de los impuestos, el uso del Fondo Fiduciario y la venta a acciones de empresas privatizadas.

Estas propuestas gubernamentales están trancadas por la actitud política de la oposición que se ha erigido como la guardiana de los recursos nacionales, que en estos momentos deben ponerse al servicio de un país donde la deuda social crece cada día a la par del desempleo, el hambre, la miseria y la falta de oportunidades para vivir con decoro.

Ya no tenemos el dinero de las bases norteamericanas, no tenemos las entradas de las empresas públicas, el financiamiento internacional a través de los préstamos es caro y la actitud de ciertos políticos agudiza aún más nuestra crítica solución.

Recordemos que naciones más prósperas que la nuestra como Argentina, Chile o Brasil, están atravesando por crisis casi insalvables y Centroamérica está recibiendo ayuda alimentaria. Todavía nosotros podemos superar la crisis, porque estamos en mejor situación y solo necesitamos la voluntad de todos, Gobierno y oposición para lograr este objetivo.

La oportunidad se nos presentó con el diálogo nacional. Creo que debe ser un diálogo honesto y en función de la problemática nacional, y no de la ganancia política ni electoral de un grupo. A este diálogo tenemos que integrar a trabajadores y empresarios, mientras que la Asamblea Legislativa debe empinarse por encima de sus pasiones y responder por el mandato que los electores pusieron sobre sus hombros.

El autor es empresario


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