Continúa hostigamiento a periodistas
BETTY BRANNAN JAEN
planas@prensa.com
WASHINGTON, D.C. -En cuanto a las libertades de expresión y prensa en Panamá, mucho es lo que se ha prometido y poco lo que se ha logrado, denunció Juan Luis Correa, gerente general del diario La Prensa, en un informe presentado ayer ante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en esta ciudad.
Lo anterior es por la sencilla razón de que son “irreconciliables” las posiciones de funcionarios y de la mayoría de los representantes de medios. Dos comisiones nombradas desde hace años “no han logrado obtener siquiera el mínimo consenso” en los anteproyectos de ley que podrían reemplazar las leyes sobre el ejercicio del periodismo y las pertinentes responsabilidades penales y civiles. Durante este impasse, sin embargo, otros proyectos de ley han sido presentados a la Asamblea, pero estos son “tanto o más restrictivos que la legislación existente”.
Mientras tanto, aseguró Correa, “continúa el hostigamiento oficial a los periodistas” en Panamá.
“Proliferan las demandas penales y civiles contra los periodistas considerados como adversarios por servidores públicos, lo que sirve de pretexto al Ministerio Público y a las autoridades judiciales para frecuentes citaciones, declaraciones, indagatorias y otras diligencias judiciales absolutamente impertinentes”, explicó.
Correa citó el reciente caso de La Cascara News como ejemplo. “Los responsables de la publicación fueron detenidos sin respeto alguno a las normas del debido proceso legal”, afirmó y agregó que esta situación “afortunadamente fue enmendada por la Corte Suprema de Justicia, al declarar ilegal la detención”.
Por otro lado, señaló Correa, el caso penal contra José Otero de La Prensa -quien no había hecho más que publicar información que la fiscalía le había proporcionado durante una investigación penal- se resolvió por medio de un indulto presidencial. Pese a las dificultades anteriores, acotó Correa, un proyecto de Transparencia Internacional-Panamá sobre “Libre acceso a la información pública” pareciera contar con apoyo suficiente como para ser aprobado a corto plazo.
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