‘Los privilegios de un consorcio’
El abogado Ebrahim Asvat asegura que el consorcio San Lorenzo es otro enclave al estilo zonian
VICTOR D. TORRES
vdagoberto@prensa.com
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El contrato tendrá una duración de 40 años prorrogables
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Como primer paso, el consorcio San Lorenzo desarrollará un complejo industrial, con todos los servicios necesarios, en un área dentro de la Zona Libre de Colón de unas 214 hectáreas y los terrenos adicionales para la futura expansión del proyecto.
El contrato tendrá una duración de 40 años prorrogables por 40 años adicionales.
De acuerdo con el contrato, el consorcio no tendrá ningún tipo de responsabilidad u obligación de indemnizar a terceros que se puedan ver afectados por reubicación o desalojo de edificaciones o tierras.
En caso de que se demande al consorcio por el reclamo de algún bien, el Estado deberá indemnizar al afectado por los daños ocasionados.
Cobros del CEMIS
El consorcio San Lorenzo tendrá derecho a crear y cobrar tasas, derechos, cánones u otros cargos a los usuarios y vender terrenos si los ha adquirido en propiedad, entre otros derechos.
Según el contrato, el consorcio pagará al Estado 0.20 centésimos por cada metro cuadrado de terreno, incluidos los terrenos adicionales que solicite el concesionario. La empresa deberá pagar un arrendamiento de 607 mil 502 dólares a la Zona Libre de Colón a partir del sexto año.
El Estado, por conducto de la Zona Libre de Colón, reconocerá un crédito a favor del consorcio equivalente a la suma de las inversiones que realice. Dicho crédito será aplicado en un 70% contra los pagos mensuales que en concepto de renta deba pagar el concesionario al Estado.
Además, el consorcio tendrá una serie de beneficios fiscales y municipales, como, por ejemplo, exoneración en todo tipo de impuesto o derecho de importación.
Un contrato “leonino”
A juicio del abogado Ebrahim Asvat, el contrato entre el Estado y el consorcio San Lorenzo es “leonino”, porque otorga demasiados beneficios y privilegios al concesionario.
Además, según el abogado, el CEMIS crea un enclave tipo Zona del Canal con población residente, accesos a servicios personales “tipo duty free” y segregado del resto de la ciudad de Colón.
Asvat considera que el CEMIS crea un régimen especial de zona libre paralela a la Zona Libre de Colón, institución que podría desaparecer al no poder competir con el nuevo proyecto.
“El CEMIS, al incorporar todas las tierras aledañas a la Zona Libre de Colón, limita el futuro crecimiento de esta última”, agregó Asvat.
Pero el gerente de la Zona Libre de Colón, Jorge Fernández, defiende el contrato y asegura que dinamizará la economía y generará miles de empleos. “El Estado no está arriesgando absolutamente nada en este proyecto”, insistió Fernández.
Fernández sostiene que la concesión a 40 años es necesaria para el consorcio, porque es un proyecto riesgoso. También reconoce que el CEMIS no pagará impuestos porque se desarrollará dentro del régimen de la zona libre de Colón.
Lo que se ha hecho, agregó Fernández, es una combinación de los contratos de ley de los puertos de Manzanillo, de la Hutchison y el ferrocarril, y se han mantenido los mismos beneficios.
Mientras, Stephen Jones, representante legal del Consorcio San Lorenzo, asegura que el proyecto facilitará el cambio del modelo económico, que todos los gremios panameños promueven desde hace varios años. “Lo que estamos haciendo es introducir un nuevo aeropuerto internacional, combinado con un parque industrial, que va a traer compañías manufactureras a Panamá”, añadió Jones.
Sobre las críticas, Jones señaló que los terrenos son áreas en las que nadie, ni siquiera la Zona Libre, se ha arriesgado a realizar la más mínima inversión. Dijo que la tasa de $0.20 por metro es la usual, así como el período de gracia de seis años que se le concede para comenzar a pagarla.
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