¿Qué será lo que quiere la presidenta?

Hace algunos años estuvo muy “pegada” una composición cuyo estribillo decía: “mamá, ¿qué será lo que quiere el negro?”. Parafraseando la letra del pegajoso merengue, los panameños más despistados nos preguntamos, ¿qué será lo que quiere la presidenta con la eliminación de las partidas circuitales del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del 2002.

De acuerdo con la estructura fiscal y financiera del proyecto de Presupuesto, no hay ninguna justificación válida para la anulación de las partidas circuitales. La propuesta del Ejecutivo en materia presupuestaria, comparativamente fue incrementada en 600 millones con respecto al año 2001, que ascendía a 5 mil 585 millones de dólares. Los fondos correspondientes a la cantidad adscrita a los legisladores —38 millones de balboas—, de acuerdo con versiones oficiales serán utilizados en el programa de inversión social de la mandataria. De tal manera que la medida es extraeconómica; es específicamente política.

El análisis anterior conduce a otro razonamiento. Las partidas no se desechan porque la economía entró en su fase recesiva y se encamina peligrosamente a tocar fondo. Y aunque efectivamente este es el caso, el proyecto del Presupuesto del 2002 no lo refleja. Por ejemplo, no es menor que el del 2001; no se disminuyeron los gastos fijos de funcionamiento, pero sí los de inversión, que son los que permiten desplegar una política económica anticíclica. Tampoco se eliminan las partidas, porque mantenerlas significa una inmoralidad política, porque propician el clientelismo, el paternalismo, la corrupción y se han convertido en la más abyecta violación de la dignidad humana de los necesitados y excluidos de la sociedad. ¡De ninguna manera son esos los motivos!

En verdad, las partidas circuitales no fueron descartadas; han sido “oficializadas”. El exitoso empirismo político de los últimos años ha llevado a Mireya Elisa Moscoso Rodríguez a la equivocada convicción de que puede limitar el clientelismo político generado por el mal uso de las partidas, al círculo de legisladores adeptos al Gobierno. De ahora en adelante, las becas para las abuelas que no tienen nietos, pero sí 5 votos o más en casa; el patrocinio de implementos deportivos para prosélitos “chupaguaro”; los cortes de caminos de producción en áreas donde por “coincidencia” posean propiedades altos funcionarios públicos y parlamentarios, los ejecutará el Gobierno. En los “cortes de cinta”, la jefa del Estado será acompañada por los diputados gobiernistas. Los puntos en las encuestas de opinión subirán en proyección geométrica y en las elecciones del 2004 el arnulfismo no tendrá que endosar un cheque en blanco al “banquero traidor”, mientras que la residente transitoria del Palacio de Las Garzas podrá resistirse a la tentación del fraude electoral.

El segundo escenario, pero no menos tenebroso —el de los legisladores del pacto META— es la negociación de recámara, al mejor estilo de la “leal oposición u oposición cariñosa”. Compromisos entre el Ejecutivo y el Legislativo de los cuales se derivarían onerosas concesiones, verbigracia, otorgar “luz verde” al gobierno para pellizcar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, ratificar magistrados de la Corte Suprema u otras bellezas parecidas.

La conocida incapacidad política de la presidenta —la astucia no es sabiduría— y la falta de voluntad política de la cúpula opositora, desbroza el camino hacia un tercer contexto político donde los torrijistas y las bases del PRD, tienen la oportunidad de producir una nueva correlación de fuerzas en el seno del partido de Omar, orientada a forjar una novedosa alianza social y partidista. Coalición que estaría en capacidad de impulsar una vertical oposición política para derrotar en mayo del 2004 a la oligarquía neoliberal.

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