Panamá, 13 de octubre de 2001
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Reacciones encontradas genera proyecto de ‘call centers’

MONICA GUARDIA
mguardia@prensa.com

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La aprobación en tercer debate del proyecto de ley de call centers el pasado jueves 11 de octubre en la Asamblea Legislativa provocó reacciones encontradas entre los grupos que seguían el tema desde que fuera presentado a principios de septiembre en el recinto.

El proyecto de ley, que ahora espera por la sanción del ejecutivo, intenta fomentar en Panamá el establecimiento de call centers, una industria por la que compiten activamente decenas de ciudades y países alrededor del mundo.

Los 160 mil centros de llamadas que existentes en la actualidad –120 mil de ellos en EU y Canadá– son grandes generadores de empleo. Solo en República Dominicana se calcula que más de 50 mil personas trabajan en estos centros.

El proyecto de ley contempla la eliminación de un dólar de impuesto –Ley 88 de 1961– para las llamadas internacionales realizadas dentro de call centers usando la red pública, así como los mismos beneficios de las zonas procesadoras de exportación –cero impuestos y régimen especial en la contratación de empleados–.

Pero en la noche del jueves, mientras que legisladores se complacían por la rápida aprobación del proyecto, el Sindicato de Empleados de Cable & Wireless y ejecutivos de algunas empresas como StarComm, CableOnda, TelPan y MobilPhone cuestionaron el contenido de la ley y la celeridad con que fue discutida.

Yariela de Sanctis, de StarComm, criticó varios aspectos del proyecto de ley, sobre todo, la prontitud con que fue aprobado, lo que no dio tiempo a consultas.

De Sanctis también señaló que era incomprensible que en el proyecto de ley no se diera una definición del concepto call center ni de los parámetros bajo los cuales el Ente Regulador de los Servicios concederá la licencia –como contempla el proyecto de ley–.

“Tampoco se ha especificado el nivel de inversión o el número de empleados que definirían el concepto”, dijo.

De Sanctis también expresó preocupación por el hecho de que se le otorgue tanto poder de intervención al Ente Regulador, el cual determinará la concesión de las licencias bajo parámetros que se desconocen.

Diego Eleta, de Cable Onda, señaló que aunque la ley contemple la eliminación del dólar de impuesto, esto no resuelve otro importante punto: las altas tarifas del monopolio telefónico de Cable & Wireless.

Por su parte, Eduardo Guardia cuestionó duramente el hecho de que se convirtiera estos centros en zonas procesadoras, las cuales, según él, disminuirán los niveles de compensación para las personas que se empleen.

Guardia intentaba defender la estabilidad de los empleados del centro de llamada de Cable & Wireless, que actualmente goza de las condiciones regulares del Código Laboral. Los empleados de este centro podrían ser despedidos para contratar en condiciones más favorables para la empresa.

Entre las disposiciones de la Ley 25 de las zonas procesadoras está el hecho de que los empleados solo se convierten en permanentes a los tres años de estar trabajando y que se les renueve el contrato cada tres meses.

Guardia dijo que se le había cedido al gran capital no solo “la casa, el carro y los muebles, sino que también se les dio la mujer”.

Como respuesta a estas críticas, la Asamblea logró un compromiso firmado –sin fuerza de ley– por parte de Cable & Wireless de que al traspasar la operación de su call center a la empresa SITEL (ver recuadro) se recontratará a los empleados con los mismos salarios. La empresa también se comprometió a ofrecer tarifas competitivas a los interesados en instalarse.


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