Presenten las pruebas, piden la presidenta y sus ministros a los medios informativos cuando divulgan presuntos actos de corrupción en la administración pública. Si hablan en serio las autoridades, es legítima esa solicitud. El poder está lleno de tantos entresijos y de tantos intereses que es preciso verificar con cuidado cuanto material manejan los medios. La denuncia sin base perjudica y en nada contribuye a cimentar la indispensable transparencia en los actos públicos y a desarrollar nuestra vida democrática. El deber informativo, esencia y razón de ser de la comunicación periodística, obliga a los medios que se precian a investigar situaciones distintas al elogio fácil y a la lisonja vacua que gusta a más de un funcionario. En ese sentido, La Prensa ha presentado ante la opinión pública una serie de trabajos sobre las presuntas irregularidades en el programa de asistencia financiera en beneficio de los productores afectados por alteraciones climáticas y otras contingencias. Más de un productor agrícola, en más de una ocasión y desde hace tiempo, ha advertido sobre esas irregularidades y de los posibles delitos penales que pueden derivarse de esas actuaciones. Los reportajes se han presentado con sus respectivas pruebas. Como demandan los altos personeros oficiales. En el entender de un funcionario del MIDA, que ha presentado una querella contra dos periodistas de este diario, esas pruebas constituyen el delito de “sustracción de documentos públicos”. ¿En qué quedamos?