Un mes después de los terribles atentados terroristas que segaron la vida a miles de personas y afectaron la vida de millones más, el mundo ya no es el mismo. Viajar dejó de ser un placer; se ha transformado en una pesadilla, independientemente del medio de transporte que se utilice. En todo pasajero por aire, mar o tierra, hay un presunto sospechoso. De alguna manera se ha invertido el principio de la carga de la prueba. De hecho, la presunción de inocencia desapareció: todos son culpables a menos que demuestren su inocencia. Los defensores de los valores humanos estarán de acuerdo en la necesidad de adoptar los instrumentos y mecanismos indispensables para que tragedias semejantes no vuelvan a repetirse, pero a menos que se pretenda dividir al mundo en compartimentos estancos, esa es una tarea que corresponde a las Naciones Unidas, si es que quieren hacer honor a su nombre. Por supuesto, habrá toda clase de obstáculos, reservas y problemas, pero esa es una necesidad impostergable para la seguridad global. El Estado que no acepte formar parte de esa especie de convención para la prevención y sanción contra el terrorismo, debe ser expulsado de las Naciones Unidas y condenado a sanciones económicas, diplomáticas y militares. Ese es el precio mínimo que las circunstancias nos imponen a todos.