La Constitución, gústenos o no, establece que el poder público lo ejerce el Estado por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Por eso, es sencillamente ridículo escuchar todas las tonterías que se han dicho en pro y en contra del co-gobierno. El sistema presidencial, a diferencia del parlamentario, es precisamente eso; poderes diferentes que deben actuar en armónica colaboración. El hecho de que el Ejecutivo esté bajo el control de algunos partidos y la mayoría legislativa pertenezca a otros, no es inusual ni insalvable. El Gobierno no es solo la Asamblea Legislativa; también es el Ejecutivo y el Judicial. Están obligados a colaborar armónicamente, y si no lo hacen, el país se paraliza para todos. De allí la importancia del llamado diálogo nacional, para hacer frente a los problemas más urgentes que tiene Panamá. Lamentablemente, de nada servirá si unos y otros se limitan a repetir sandeces y a reiterar las frases comunes que nada dicen. El diálogo no debe repetir la triste experiencia de los anteriores, verdaderos monólogos paralelos que, aunque se prolongaran al infinito, de nada servirían, porque no hubo el propósito de conciliación, el ánimo de transacción para anteponer diferencias partidistas para lograr un fin más alto y mucho más importante: Panamá.