Los errores del pasado

El éxito de la Operación Libertad Duradera (ex Justicia Infinita) dependerá de la capacidad de Estados Unidos de no repetir los errores del pasado

Los actos de terrorismo del 11 de septiembre han dejado a una abrumadora mayoría de norteamericanos clamando mano dura contra los autores de estos salvajes crímenes; léase carta blanca para el uso de la fuerza militar.

Según todas las encuestas, nadie discute la necesidad de una acción militar decidida y contundente en contra de los responsables. Al mismo tiempo, existe una enorme preocupación por la seguridad al interior de EU, como nunca antes. Hay una reacción casi de pánico, que todavía perdura. En este sentido, no cabe duda de que la creación de un nuevo cargo en el Gabinete del Presidente, destinado a mejorar la coordinación de las más de 40 agencias federales que comparten responsabilidades en materia de orden público, que hasta ahora no intercambian información entre sí, es un paso muy positivo.

Lo grave es que al mismo tiempo se sigue hablando con la mayor naturalidad de represalias que, todos presumen, deben estar dirigidas en contra del grupo de Osama bin Ladem, a pesar de que hasta ahora hay que confiar solo en la palabra de las autoridades, ya que no han mostrado evidencias que vinculen directamente a ese grupo terrorista con los hechos. Al menos la opinión pública no las conoce.

En este ambiente enrarecido, una de las más serias preocupaciones que muchos tenemos es cómo hacerle frente a la actual avalancha de cuestionamientos y quizás hasta de retrocesos que se puedan precipitar en materia de libertades públicas en este país. Esta peligrosa tendencia, que podría propagarse fácilmente en el hemisferio, hasta ahora se alimenta y legitima en la reacción de la gran mayoría de la población, que aparentemente estaría dispuesta a sacrificar el ejercicio de algunas libertades fundamentales -que afectan especialmente a los inmigrantes- por una sensación de mayor seguridad.

Nunca hay que olvidar que durante la Segunda Guerra, 120.000 personas fueron detenidas en EU sin que hubiera mínimas sospechas de delito alguno; simplemente porque tenían origen o ancestros japoneses. En este sentido creo que el mejor aliado es el tiempo. Mientras más tiempo pasa sin que cuajen las iniciativas más represivas, mayores posibilidades existen de que se impongan líneas un poco más racionales.

Por supuesto que las agencias de inteligencia de EU y las autoridades encargadas de velar por el orden público, en lugar de revisar y corregir las fabulosas fallas que cometieron, ven aquí una excelente oportunidad para modificar la legislación antiterrorista, incrementando su poder discrecional a costa de ciertas garantías judiciales. Por ejemplo, se propone la detención indefinida de inmigrantes, legales o ilegales, cuando se trata de investigarlos por actividades terroristas, con mínimo control judicial. En materia de derecho a la privacidad, se amplían las facultades para interceptar las comunicaciones. Además, la tipificación de las conductas delictivas es muy amplia. Uno de los pocos aspectos positivos del proyecto es la propuesta de imprescriptibilidad del delito de terrorismo. Este proyecto del gobierno del presidente Bush es tan extremo, que hasta sectores republicanos han expresado públicamente sus dudas argumentando que de ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema, volveríamos a fojas cero.

En cuanto a lo que serían las nuevas prioridades de la política exterior de EU, el debate es igualmente preocupante. La semana pasada, funcionarios del Departamento de Estado propusieron al Senado legislación para congelar por cinco años la facultad del Congreso de imponer restricciones a las relaciones bilaterales con aquellos países involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, en la medida que fueran aliados en la lucha contra el terrorismo. Felizmente esto fue descartado de plano por el propio Bush luego que el Washington Post revelara este proyecto en primera plana.

Otra iniciativa que se discute está dirigida a eliminar las restricciones impuestas a la CIA para participar en asesinatos si se trata de eliminar a líderes políticos o cabecillas de organizaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de EU. Esta prohibición fue adoptada por el presidente Ford después de que la Comisión Church del Congreso develara múltiples casos, como los de Fidel Castro, Trujillo y Allende donde la CIA se involucró en atentados homicidas. De retornarse a esta política no solo se estaría violando las normas más elementales de justicia penal en todo el mundo, sino además, EU no tendría argumento posible para oponerse a que el resto del mundo hiciera lo mismo, con lo cual derechamente se impondría la ley de la selva.

En cuanto a la estrategia militar propiamente tal, aparentemente existirían dos visiones en pugna: una, sustentada por Colin Powell, que persigue una acción concentrada por ahora en torno a la agrupación de Osama bin Ladem, y la otra, encabezada por el vicepresidente Cheeney y el secretario de Defensa que además incluye otros blancos de ataque como, por ejemplo, Irak. Lo grave es que al parecer no habría mayores diferencias en cuanto a la disposición para establecer estrechas relaciones con países que cooperen en los próximos esfuerzos contra los autores de actos de terrorismo, aunque estén involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Al parecer, habría consenso en que para poder armar la alianza lo más sensato es, a lo menos por ahora, subordinar las preocupaciones en derechos humanos en el nombre de la lucha contra el terrorismo.

El mensaje lo han entendido con toda claridad Rusia y China. Ambos estados con un gran sentido de oportunismo político, están aliándose sobre la base de que la comunidad internacional -y EU en particular- deje de criticar la conducta de sus fuerzas en la lucha contra su propio “terrorismo”. China públicamente ha aprovechado para reivindicar su política hacia el Tibet. Rusia autoriza a EU que ocupe su territorio y espacio aéreo a cambio de silencio frente a las atrocidades que sus fuerzas están cometiendo en contra de la población civil en Chechenia.

Todo esto podría llevar a reproducir un ambiente de guerra fría, donde probablemente EU será mucho más crítico -como lo fueron en el pasado en su lucha contra el comunismo- con aquellos gobiernos que no colaboren en la lucha contra el terrorismo y menos o carta blanca con los aliados, a pesar de su directa responsabilidad en graves abusos. Uno de los aspectos centrales que caracterizó a la guerra fría fue el doble estándar de la política exterior de EU. Frente a casos similares se hacían evaluaciones muy distintas dependiendo del color político del régimen dictatorial. Esta fue una de las más grandes inconsistencias de la política exterior de EU, que dañó su credibilidad y, peor aún, al politizar el tema al extremo, hizo más difícil la recuperación democrática en muchos de nuestros países.

Que quede claro: es válido y legítimo luchar contra el terrorismo pero no de cualquier manera. Los medios que se empleen deben ser compatibles con las normas internacionales, de lo contrario se desciende a la lógica de los terroristas. Y esto también vale para las alianzas que se vayan creando en el camino.

Una de las características clásicas de la política exterior norteamericana es que en circunstancias difíciles se reordenan las prioridades subordinando unas a otras para alcanzar un objetivo de corto plazo. En este proceso, evidentemente se sacrifican principios en defensa de lo que la emergencia demanda sin hacer mayores esfuerzos por conciliar los diversos intereses que pudieran estar en juego. Así es como se explican las políticas de alianzas que se han forjado en el pasado y que luego se lamentan, el mejor ejemplo: Osama bin Ladem. En nuestra región hay tres conocidos personajes que ilustran esta política: Manuel Contreras, Manuel Antonio Noriega y Vladimiro Montesinos. Es demasiado importante lo que está en juego. El éxito de esta empresa dependerá de la capacidad que tenga EU de aprender de sus errores.

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