Panamá, 4 de octubre de 2001
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Surgen contradicciones entre PAFCO y ministerio

ELIZABETH GARRIDO A.
y MANUEL DOMINGUEZ
planas@prensa.com

El jefe de Relaciones Laborales de la Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO), Oscar Igor Fonseca, sostuvo ayer que esta empresa no ha solicitado la suspensión o el despido de mil 400 trabajadores, tal como lo informó el ministro de Trabajo, José Joaquín Vallarino.

Según Fonseca, la PAFCO sí mantiene en firme su decisión de despedir a unos 640 obreros, tal como ya se lo ha comunicado al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

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Fonseca dijo desconocer el origen de la información brindada por el ministro Vallarino.

Entre tanto, el director general de Trabajo, Luis Cedeño Merel, indicó que la PAFCO solicitó al ministerio un permiso para suspender los contratos de 250 trabajadores y no la autorización para despedirlos.

Ello significa que una vez termine el permiso de suspensión -que aún no ha aprobado el MITRADEL- los obreros implicados deberán volver a sus puestos de trabajo.

“Cuando se autoriza el despido significa que el trabajador sale definitivamente de la empresa, (pero) cuando se trata de suspensión los trabajadores siguen en la planilla de la empresa” sin cobrar y trabajar durante el período de recuperación de las plantaciones, agregó Cedeño Merel.

La dirección regional del MITRADEL en Chiriquí estudia la solicitud de suspensión de contratos de 250 obreros hecha por la PAFCO el 1 de octubre pasado.

De ser aprobada, tal suspensión solo se extendería por cuatro meses porque es el máximo período de tiempo que establece la ley en estos casos.

Pero, si al concluir ese tiempo la empresa aún no logra recuperarse y decide cerrar operaciones, entonces deberá hacer una petición de autorización de despidos al ministerio, señaló Cedeño Merel.

Por otro lado, el MITRADEL investiga si entre los 400 obreros que despidió hace poco la bananera había algunos protegidos con fuero sindical. Por otra parte, los obreros del Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company pidieron al Gobierno que se les permita administrar la finca Mega 4.


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