Legislativo investigará todas las rebajas de pena
GIONELA JORDAN V.
gjordan@prensa.com
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Miguel Bush
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La Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa designó ayer una subcomisión para que analice cada uno de los casos de reos beneficiados con rebaja de pena por el actual gobierno.
Según el legislador perredista Miguel Bush, la primera funcionaria citada será la directora del Sistema Penitenciario, Concepción Corro.
La funcionaria deberá explicar las mil 46 rebajas de pena que, según la Procuraduría de la Nación, han sido otorgadas a los presos.
Sobre este aspecto, Corro ha señalado que durante su gestión solo se han concedido 377 rebajas de pena a detenidos, de los que 111 son panameños y 266 extranjeros.
El legislador perredista, quien tendrá a su cargo la referida subcomisión, acusó a Corro de no querer cooperar ni con el Ministerio Público ni con la Comisión de Drogas para aclarar la situación de los condenados que fueron beneficiados con la medida presidencial.
Entre los casos, Bush mencionó el del ciudadano Nelson Trujillo quien, según el legislador, fue condenado a 12 años de cárcel en 1994, y con menos de seis años de prisión fue beneficiado con una rebaja de pena.
También señaló que encontró el caso de una persona -cuyo nombre no reveló- condenada a 80 meses (6 años y 8 meses) por asalto a mano armada y “aparentemente no pasó ni un día en la cárcel”.
Por esa razón, precisó el legislador, se requiere que Corro detalle a esa subcomisión los años a los que fueron condenados cada uno de los beneficiados, y cuánto tiempo de su condena habían cumplido al momento de ser liberados.
También señaló que esa subcomisión dará a conocer en los próximos días un informe de los indultos, rebajas de pena y libertad condicional que se dieron durante los cinco años de la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
Recientemente el Organo Ejecutivo creó una comisión de evaluación de todos los decretos ejecutivos que hayan resultado en la rebaja de pena, libertad condicional o indulto, dictado por cualquier autoridad -y de cualquier índole criminal-, que cubran los últimos 10 años hasta la promulgación de esta disposición.
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