Partidas circuitales, presupuesto y magistrados

Acaba de comenzar el mes octubre. El Consejo de Gabinete no incluyó dentro del Presupuesto General del Estado las muy criticadas y aborrecidas partidas circuitales. La Asamblea Legislativa esta dominada por legisladores de oposición. La Comisión de Credenciales la preside un legislador de oposición. Este mes deben nombrarse dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para reemplazar a los magistrados Mirtza Franceschi de Aguilera y Eligio Salas.

Hemos vinculado los anteriores hechos, por razones obvias. El propio legislador Mateo Castillero, presidente de la Comisión de Presupuesto mencionó ambos temas en entrevista televisada el jueves pasado.

Sobre la importante misión que deben cumplir los magistrados y ante la próxima renovación de la Corte, vale comentar que Rafael de Mendizábal y Allende —magistrado del Tribunal Constitucional español— ha señalado que los requisitos básicos que debe reunir un administrador de justicia son la independencia, la honradez y la valentía; y añade, “si sabe derecho, mejor”. Estos son, pues, los atributos elementales que debe exigirse a los próximos designados al cargo de magistrado de nuestro máximo Tribunal de Justicia. Y si no los reúnen, la Asamblea no debe ratificarlos.

Los abogados que han de ser nombrados como magistrados principales y suplentes deben gozar frente a la ciudadanía de suficiente independencia, valentía, honradez y créditos académicos, para que la comunidad confíe en ellos.

En otros países se exigen requisitos adicionales. En México tenemos un excelente ejemplo; el artículo 96 de la Constitución exige el voto favorable de las dos terceras partes del Senado. Por otro lado, el acápite VI del artículo 95 establece los requisitos para ser ministro (magistrado) de la Corte: “No haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe de Distrito Federal durante el año previo al día de su nombramiento”.

En otros países estas designaciones las hace el Consejo Judicial o Consejo de la Magistratura (Argentina, Colombia, Perú, España). En Chile, los candidatos los propone la propia Corte, los nombra el presidente, pero se aprueban con el voto de las dos terceras partes del Senado.

En todo sistema de administración de justicia, la seguridad ciudadana constituye la columna vertebral de la democracia. Ello no implica que el Organo Judicial esté por encima de los otros Organos del Estado, sino que debe actuar como el fiel de la balanza; esto es, debe ser independiente y valiente, de manera que pueda, por ejemplo, advertirle al Ejecutivo que un funcionario está actuando de forma ilegal, o declarar la inconstitucionalidad de las leyes que así lo sean.

Es importante que no se repita el caso de la nefasta Ley 25 de diciembre de 1990, que evidentemente era inconstitucional —como se ha demostrado después en todos los foros internacionales—, pero que fue declarada constitucional por la Corte como consecuencia de posiciones políticas de la época.

Por eso se necesitan magistrados independientes, honrados y valientes.

La situación actual indica que se inicia un rejuego entre el Organo Ejecutivo y el Organo Legislativo. En este “tira y hala”, la oposición pedirá que uno de los dos magistrados sea amigo o allegado; el Ejecutivo se lo negará, y entonces entrará en juego la poderosa arma de las partidas circuitales.

Por su parte, el Legislativo que debe aprobar el presupuesto no lo hará, porque no incluye las partidas circuitales.

Así las cosas y si no se produce un acuerdo antes del 31 de diciembre, según los artículos 269 y 270 de la Constitución, regirá el presupuesto del año anterior, que sí contempla las partidas circuitales.

Realmente es espeluznante el panorama que se presenta. El Organo Ejecutivo pretendiendo hacer nombramientos políticos, y un Organo Legislativo presionando para que incluyan las abominables partidas circuitales.

Otro panorama nocivo sería el de un magistrado político del oficialismo y otro magistrado político de oposición. ¿Quién pierde? Todos, pero en primer lugar la seguridad ciudadana y en segundo lugar la justicia. ¿Hasta cuándo permitiremos estas cosas?

Es el momento en que todos los abogados —principalmente la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados— rechacen categóricamente cualquier nombramiento del Organo Ejecutivo que se haga sin que el candidato reúna los requisitos señalados. Igualmente se debe rechazar cualquier chantaje, manipulación o presión de la Asamblea Legislativa. Confiamos que la junta directiva sabrá jugar su papel histórico. La sociedad civil también tiene mucho que decir.

Por temas tan delicados como estos, es que se hace impostergable una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que acabe con estos relajos y bellaquerías.

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