La administración de justicia, a todos los niveles y especialmente en la Corte Suprema de Justicia, debe ser política e ideológicamente independiente. Desgraciadamente, la mayor parte de los nombramientos de los magistrados de la Corte, se efectúan por el Ejecutivo y se aprueban en la Asamblea Legislativa por consideraciones totalmente ajenas a la recta administración de justicia. Es lo que un juez federal estadounidense denominó la seducción política de la ley. Mal sistema, que conviene revisar si queremos que el Organo Judicial recobre la majestad que debe caracterizarlo y el respeto ciudadano hace mucho tiempo perdido. En varias ocasiones el Colegio Nacional de Abogados ha cuestionado el procedimiento para la designación de magistrados, pero no habrá remedio efectivo sin un cambio constitucional, que la mayoría de los políticos teme, tal vez por aquello del instinto de conservación. Olvidan el consejo que se le dio a Luis XVI: la mejor manera de evitar una revolución, es anticiparla y hacerla uno mismo. En esta y en otras muchas materias, el país continúa arrastrando el pesado lastre de una Constitución viciada por su origen autocrático, que ninguna reforma puede llegar a legitimar.