La Constitución otorga al presidente o a la presidenta de la República, la facultad de nombrar y separar libremente a los ministros de Estado, sin restricción alguna. Sin embargo, hay reglas de sentido común que no pueden ignorarse sin pagar un alto precio. Mireya Moscoso ha vuelto a cometer el mismo error de hace poco más de un año, al anunciar cambios ministeriales que se efectuarán en un futuro no precisado, lo que tiene como lógica consecuencia la incertidumbre y consiguiente parálisis gubernamental. Ni los ministros ni las personas que tengan que negociar con ellos asuntos de importancia, saben a qué atenerse. Una imprudente declaración presidencial ha bastado para la devaluación instantánea de todo el Gabinete. Los cambios ministeriales solo se anuncian cuando se está preparado para nombrar a quienes han de sustituirlos, precisamente con el fin de evitar la parálisis gubernamental que, entre otras cosas, afecta la debida ejecución presupuestaria, siempre importante, pero más ahora que la economía se encuentra en un estancamiento. Así las cosas, lo único que puede hacerse para reducir los efectos nocivos del apresurado anuncio, es proceder cuanto antes a despejar las dudas y efectuar de inmediato las designaciones de los nuevos ministros.