La noticia de que en el IDAAN han descubierto que existen funcionarios cuya remuneración está muy por encima de las tareas que desempeñan, no debe pasar desapercibida. Se trata de un mal que aqueja, si no a todas, a casi todas las instituciones y dependencias gubernamentales. El favoritismo personal, la influencia de quienes recomiendan o las aspiraciones políticas de los que deciden, distorsionan por completo el cuadro administrativo y causan grandes injusticias, que no tendrán efectivo remedio hasta tanto no se apruebe una ley general de sueldos para el sector público como la constitución dispone. En esta materia, ni siquiera puede atribuirse responsabilidad a la Asamblea Legislativa, porque la disposición constitucional respectiva reserva la iniciativa al Organo Ejecutivo. En la década de los sesenta del pasado siglo, hubo una ley general de sueldos y de carrera administrativa, pero ambas fueron cercenadas por el golpe militar de 1968. Ahora, es necesario adoptarla, si es que realmente se quiere una administración pública moderna y eficiente. De nada servirán la Carrera Administrativa, la Carrera Diplomática y Consular, la Carrera Docente, la Carrera Sanitaria ni las otras que la ley establezca, si no existe una ley general de sueldos científicamente estructurada.