Panamá, 28 de septiembre de 2001
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Revisarán indultos de la última década

Presidenta nombra comisión que evaluará, además, el otorgamiento de libertad condicional y rebaja de penas

HERMES SUCRE SERRANO
hsucre@prensa.com

Ayer entró en vigencia una comisión, integrada por representantes de los tres órganos del Estado, que se encargará de evaluar el otorgamiento de libertad condicional, rebaja de penas e indultos dictados por cualquier autoridad durante los últimos 10 años.

Dicha comisión fue designada por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, mediante Decreto Ejecutivo No.253, expedido por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia el 26 de septiembre pasado y publicado ayer en Gaceta Oficial.

De interés:
Vea una crónica de notas del caso de David Viteri

El artículo primero del decreto señala lo siguiente: “Créase una comisión de evaluación de todos los decretos ejecutivos que hayan resultado en la rebaja de pena, libertad condicional o indulto, dictado por cualquier autoridad y de cualquier índole criminal que cubran los últimos 10 años hasta la promulgación de este decreto”.

La comisión estará integrada por el presidente de la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, y la directora general del Sistema Penitenciario.

Los comisionados tendrán un término de seis meses, a partir del 26 de septiembre del 2001, para entregar un informe a la presidenta de la República.

El Decreto 253 se sustenta en que “se ha manifestado ante la ciudadanía una serie de aseveraciones falsas de supuestas irregularidades en el manejo de los últimos decretos, por los cuales se ha otorgado rebaja de pena a un número determinado de reclusos”.

“El Ministerio de Gobierno y Justicia toma en consideración la opinión pública, a la vez que comprende su obligación de respetar la separación de los poderes del Estado que intervienen en el proceso de captura, juicio, sentencia y encarcelamiento de las personas que delinquen dentro del territorio nacional”, señala el documento.

Agrega que, “por lo antes manifestado, se hace necesaria una aclaración cuyo origen no pueda ser cuestionado por razones políticas ni personales, de forma tal que se permita al Sistema Penitenciario continuar con el trabajo que le norma la ley”. La regulación de los procedimientos para otorgar indultos y rebaja de penas también tienen relación con la rebaja de pena que la presidenta, Mireya Moscoso, le concedió a David Viteri, a quien se le había condenado por narcotráfico.


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