La Caja de Seguro Social ha tenido una triste historia. Sus fondos, que pertenecen exclusivamente a los asegurados y sus dependientes, se han utilizado por demasiado tiempo para financiar las responsabilidades gubernamentales en materia de salud pública, para proporcionar recursos baratos al Banco Nacional de Panamá y para favorecer a los influyentes de turno. Recordemos el Programa Colectivo de Viviendas, bajo el cual se otorgaron millonarios contratos de construcción a personas y empresas que no tenían experiencia en el ramo, y ni siquiera terrenos sobre los cuales construir. Sus recursos también sirvieron para que Omar Torrijos pudiera arrendar la aeronave que lo trajo de México a donde había ido a presenciar una carrera de caballos, para campañas políticas -no olvidemos los Proyectos Especiales- y muchas cosas más. Pero también el patrimonio de la Caja ha alimentado otros actos de corrupción como el de los embarazos fraudulentos, la compra amañada de medicinas y aparatos, y otras muchas transacciones que se han ejecutado sin la debida transparencia y son, por tanto, dignas de toda sospecha. Ahora se trata de un grupo de funcionarios que cobraba por “borrar” la morosidad en el pago de la cuota obrero-patronal de algunas empresas. La corrupción se da porque existen corruptos y corruptores, y ambos son responsables penal y civilmente del delito. Ojalá se les sancione a unos y a otros con el máximo rigor de la ley, sin concederles beneficio alguno de rebaja de pena, libertad condicional o indulto generoso.