El terrorismo, sobre todo en escala masiva, es muy costoso. Requiere invertir en reclutas, adiestrarlos, proporcionarles armas, conocimientos para usarlas, protección, forjar identidades, suplantarlas o comprarlas, sobornar a quien sea necesario, y esperar el momento que consideren propicio para actuar. Es por ello que la decisión ejecutiva del presidente George W. Bush para restringir las cuentas bancarias y cualesquiera otros activos que los individuos u organizaciones -identificadas por nombres- tengan en Estados Unidos, ataca un punto neurálgico. Sin dinero, es poco lo que pueden hacer. Por supuesto, no tardarán en buscar, alquilar o comprar a quienes les hagan el trabajo de representarlos en Estados Unidos o en cualquier otro país: la ética o la falta de ella, no tiene nacionalidad ni fronteras. Es por eso que Estados Unidos apela a la comunidad internacional que se siente comprometida en la lucha contra el terrorismo, a examinar cuentas, identidades y movimientos de recursos que permitan ubicar las transacciones sospechosas por el origen de los fondos o por la disposición que se hizo o se haga de ellos. Sin duda, esto puede afectar el sistema financiero de muchos países, entre ellos el de Panamá, pero si ese es el precio que hay que pagar, bien pagado está. Después de todo, es la lucha entre la civilización y la barbarie.