Conflictos territoriales en Volcán y Cerro Punta
BORIS ARMANDO GOMEZ
ESPECIAL PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
CERRO PUNTA, Chiriquí. -En las tierras altas chiricanas, moradores de dos comunidades han denunciado actos supuestamente ilícitos en materia de divisiones territoriales con el respaldo de las autoridades.
En el primero de los casos, Luis A, Howard, morador de la barriada Los Potreros en Volcán, señaló que la junta comunal de ese corregimiento donó gratuitamente una calle pública, es decir, un patrimonio nacional, a un grupo que trabaja el ecoturismo en la región.
Howard confesó que cuando se percató de que la junta comunal, que preside la representante Aracelly Atencio de Araúz, aprobó la donación de la calle pública, se sintió inmerso en un episodio de “La Tremenda Corte”.
“José Candelario Trespatines era capaz de vender una calle de La Habana, pero nosotros no permitiremos que personas inspiradas en este personaje establezcan un precedente como este ”, dijo el afectado haciendo alusión al inolvidable personaje que interpretó el desaparecido actor cubano Leopoldo Fernández.
Luis Howard explicó que la donación de la junta comunal tiene el fin de beneficiar a un grupo denomina Movimiento Ecoturístico de Las Tierras Altas (METTA), que es representado por Rafael Guerra.
El lugar donado es el final de una vía conocida como la calle del Aserrío, que, según Howard, ha sido respetado por la población como calle por más de 50 años.
La calle colinda con un cerro y está entre las propiedades de varias familias. Si se mide la calle tiene tres mil metros cuadrados y lo que pensamos es que se pretende adjudicar a esta organización un bien gratuitamente que vale 73 mil dólares en perjuicio del patrimonio estatal.
El arquitecto Araúz señala en la nota que, según planos oficiales, el lugar se conoce como la Calle del Aserrío.
Por otra parte, el empresario Enrique Luis Morales presentó denuncia ante el Ministerio Público contra el corregidor de Cerro Punta, Fredes Sánchez, por supuesto abuso de autoridad.
Según Morales, el corregidor derribó una cerca, se llevó los postes y afirmó que el territorio donde se encuentra la procesadora de orégano de la empresa Panamá Herbs es propiedad de un ciudadano español que reside en la provincia de Chiriquí.
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