Transparencia, función inversa de la corrupción

Reducir a su mínima expresión la corrupción reinante en la Administración Pública y hacer transparentes todos los actos del Gobierno, son objetivos que no se pueden alcanzar a través del simple voluntarismo o mediante la expedición y promulgación de una que otra legislación.

Poner un alto a la descomposición que socava los cimientos de la Nación y pone en peligro la propia existencia de la democracia política, no solo demanda de las personas o grupos que toman decisiones, voluntad política para enfrentar el mal, sino también plantear correctamente el problema.

Para hurgar más en este último aspecto, conviene el auxilio de la lógica matemática. Si se acepta como hipótesis válida el enunciado que es a su vez título de este artículo, debemos convenir en que para despejar la incógnita, primero se debe determinar el tipo de función. Tenemos entonces que la existencia o no de claridad en los actos públicos es el resultado de una función inversamente proporcional, donde entran en juego básicamente dos variables: la transparencia que es la variable dependiente y la corrupción que actúa como variable independiente.

En esta relación, el grado de hialinidad por su condición de dependencia estará determinado por el cohecho. Tratándose de una relación inversamente proporcional, si este último se multiplica, como ocurre en el gobierno arnulfista, entonces la luminosidad en la administración va de poca a menos. Por el contrario, si los actores de Estado y de la sociedad se deciden a actuar con moralidad pública y ética política, la indecencia será arrinconada y la pureza se enseñoreará. En otras palabras, en la medida en que las fuerzas o grupos políticos dominantes lleven a cabo una gestión pública cada día más abierta y de cara a la población, entonces, las malas prácticas no tendrán cabida. ¡A más transparencia menos corrupción!

Por otro lado, ante la pregunta ciudadana de ¿por qué los funcionarios públicos no actúan con transparencia? La respuesta es inequívoca: la razón principal es porque existe un altísimo deterioro de la vida pública, porque en los actos de encopetados servidores públicos se esconden actuaciones inmorales, faltas administrativas y, en muchos casos, hasta conductas delictivas. Sin embargo, existe una salvedad, con relación a la corruptela galopante en el Gobierno: no todo acto de decadencia gubernamental implica necesariamente una falta administrativa o delito penal. Esto es, se puede ser abusivo sin que ello constituya una transgresión de las leyes.

Por ejemplo, el nepotismo —preferencia que los arnulfistas y sus aliados dan a sus parientes para los favores o empleos públicos— no está tipificado en la legislación panameña como falta o delito. No obstante, constituye una inmoralidad política que afecta la buena marcha del Estado.

También en el Gobierno pasado, durante el proceso de privatización de las empresas públicas (IRHE e INTEL) se actuó con poca diafanidad; hubo carcoma, donde encumbrados empleados del Gobierno y particulares vinculados a las alturas palatinas se beneficiaron, al menos ilegítimamente, con la privatización.

Quiere decir que en poco o en nada contribuyen las autoridades, al solicitar pruebas cada vez que se denuncia una acción de podredumbre pública, como si esta fuera únicamente falta administrativa o delito penal. Cuando este sea el caso, la responsabilidad de investigar es de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. Pero asumir la primera actitud, no hace otra cosa que convertir el combate contra el vicio, en una “lucha contra molinos de viento”. Muy distinto sería si el mando político hiciera el firme propósito de erradicar de la vida pública, por ejemplo, el clientelismo político —padre putativo de la corrupción—, el caciquismo, el gamonalismo, el compadrazgo y el tráfico de influencias, modalidades todas del clientelismo corruptor.

Unicamente trazándose este derrotero, el Estado y la sociedad —gobernantes y gobernados—pueden dar al traste con la corrupción, menguar dicho flagelo, considerado por no pocos, como el mal de la segunda modernidad.

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