Con la publicación del decreto que revoca la rebaja de pena a favor de David Viteri se cierra el telón del penúltimo acto de una pequeña tragicomedia. Cuando el Ejecutivo decidió beneficiar con una rebaja de pena -que no es lo mismo que un indulto- a un convicto por narcotráfico, no violó ni la Constitución ni las leyes del país, pero cometió un acto éticamente cuestionable y políticamente inconveniente, y quedó expuesto el manejo poco serio de las influencias en palacio. Cuando las fuentes presidenciales alegaron que el convicto por narcotráfico había obtenido el beneficio con documentos falsos, en realidad despistaban a la población, pues la hoja de vida no es un requisito para obtener una rebaja de pena -la cual no está reglamentada en la ley-, y las imprecisiones que la de Viteri contenía no eran tampoco de tamaña infamia que habrían cambiado el juicio de la presidenta. Para acallar las críticas que que comenzaron a mencionar casos similares en el pasado reciente, el Ejecutivo decidió satisfacer a la opinión pública y revocó mediante nuevo decreto la rebaja de pena que había ocasionado una reacción tan dañina a su imagen. Pero olvidó un pequeño detalle: la Corte ha dicho en varias ocasiones que estos actos se cumplen ipso facto, por lo que no pueden ser objeto de revocatoria. Ahora nadie encuentra a Viteri para que vuelva tras la rejas a cumplir el tiempo que le falta. El último acto de esta farsa se cierra con la victoria que seguramente obtendrán los abogados de Viteri ante los tribunales de justicia. Da risa, pero está lejos de ser un chiste.