¿Qué hacer con las acciones?
Siete bancos de inversión calcularon que el Estado panameño podría recibir entre 650 y 750 millones de dólares por el 49% de las acciones de C&W
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
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René Van Hoorde
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El debate sobre el destino de las acciones que mantiene el Estado en las empresas mixtas vuelve a la vida, junto a la propuesta del sector privado de incorporar el producto de esta venta al Fondo Fiduciario para recomprar bonos de la República de Panamá.
Se trata de una nueva versión del fenecido “Plan Juliao”, que ahora incorpora una ley de topes de endeudamiento público.
Sin embargo, la discusión se centra ahora en el valor de las acciones telefónicas, tras la apertura del mercado de telecomunicaciones, previsto para enero de 2003.
¿Vale la pena vender ahora? “La lógica parece indicar eso”, responde escuetamente René Van Hoorde.
Sin embargo, reconoce que, a nivel internacional, las acciones de las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones han bajado.
Igualmente, el nicho de llamadas de larga distancia ha disminuido, aunque, según Van Hoorde, Cable & Wireless está preparada para hacer frente a la competencia, porque tiene un buen servicio y la mejor capacidad técnica instalada.
Sin embargo, hay quienes piensan que el Estado panameño debe hacer algo rápido con las acciones que mantiene en la empresa de telefonía fija.
Para el exviceministro de Economía Ricardo Quijano, el control que tiene Cable & Wireless en cinco de los nueve puestos en la junta directiva le da todo el poder de decisión sobre las políticas de inversiones y los dividendos.
En otras palabras, eso significa que, a mayor inversión en los próximos dos años, menor ganancia neta será reportada al fisco.
“El Estado perdió el poder de decisión sobre la telefonía al vender la mitad de sus acciones, porque, aunque tenga el 49% de las mismas, la empresa formalmente ya está privatizada”, manifestó Quijano.
“Actualmente, Cable & Wireless tiene la potestad administrativa de hacer y deshacer a su antojo –indicó Quijano– porque las personas que representan al Estado en la junta directiva, la mayoría de las veces no pueden asistir a las reuniones a causa de sus múltiples ocupaciones, y tampoco tienen el conocimiento técnico del mercado”.
En 1999, Panamá “perdió la oportunidad de oro para deshacerse de esas acciones e incorporarlas al Fondo Fiduciario”.
En ese entonces, el mercado de telecomunicaciones tenía mucha liquidez y estaba receptivo a la compra de empresas telefónicas latinoamericanas, subrayó Quijano.
Los bancos de inversión Bear Stearns, J.P. Morgan, Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Credit Suisse y Goldman Sacks calcularon que el Estado panameño podría recibir entre 650 y 750 millones por el 49% de las acciones de Cable & Wireless.
El plan consistía en la colocación de 150 a 200 millones de dólares en acciones en la Bolsa de Valores de Panamá para que sean adquiridas por inversionistas locales, mientras que el resto se vendería en mercados accionarios del extranjero.
¿Regulador o accionista?
René Van Hoorde destacó que en muchas ocasiones se han dado conflictos entre las empresas y algunas oficinas del Gobierno, así como diferencias de opiniones entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ente Regulador.
Van Hoorde también acepta que los representantes del Estado en las empresas mixtas “a veces no han podido estar al tanto de los detalles del movimiento de los sectores, porque son personas muy ocupadas”.
Actualmente, las empresas realizan de tres a cuatro juntas directivas al año, pero la idea de Van Hoorde es que los directivos que representan al Estado en ellas no deben esperar hasta que se celebren las reuniones para recibir información actualizada del manejo de dichas empresas.
El analista cree que ellos deben mantener un contacto continuo con sus socios privados.
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