Las partidas circuitales siguen generando polémica, desacuerdo y descontento. La reglamentación de la que fueron objeto por parte de la Asamblea no ha eliminado el problema fundamental de estas asignaciones presupuestarias, porque, independientemente del procedimiento que se establezca, su concepto riñe con el diseño funcional del Estado, según el cual le compete al Ejecutivo administrar y a la Asamblea legislar. Lejos de ser un instrumento para el fortalecimiento de la democracia, las partidas circuitales son un vestigio del clientelismo político que ha gobernado nuestra historia y que se resiste a morir. Las prácticas de todo tipo que se urden en torno a ellas van a contramano de los valores que impulsan a una organización moderna de la sociedad. ¿Qué se puede hacer entonces? Lo que se haga será un resultado de la madurez que haya alcanzado nuestra clase política, y quizás todavía faltan algunos años más y unos cuantos escándalos antes de que todos se pongan de acuerdo y hagan lo único sensato que puede hacerse con una institución tan exótica que no goza de ningún asidero constitucional: abolirlas de una vez por todas. Mientras tanto, el debate de las partidas solo será la prolongación de una agonía inevitable.