DRP ordena cautelar cuentas de tabacaleras
RAFAEL PEREZ G. Y MANUEL DOMINGUEZ
planas@prensa.com
La Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) ordenó la cautelación de las cuentas bancarias, vehículos y cualesquiera otra propiedad de las empresas G & R International, S.A., Pana American Cigar Co., S.A. y Pana Habanos Cigar Company, S.A., dedicadas a la fabricación y exportación de tabacos y puros.
Dichas sociedades, según una auditoría especial
de la Contraloría General de la República, ocasionaron
una lesión patrimonial al Estado superior a 2 millones de dólares,
tras declarar información incorrecta sobre su producción y recibir
así Certificados de Abono Tributario (CAT), por sumas mayores de
las que les correspondía.
Tales empresas -de acuerdo con las indagaciones de la Contraloría- declararon ante la Comisión Técnica de Incentivos a las Exportaciones información incorrecta, y ello les permitió recibir un valor agregado nacional superior al que realmente les correspondía.
Fuentes allegadas a las investigaciones indicaron que las medidas cautelares dictadas por la DRP tienen la finalidad de “proteger” los intereses del Estado y de cualquier particular.
Según las fuentes -que pidieron reserva de identidad-, la DRP dirigió oficios sobre la cautelación de bienes a un grupo de entidades bancarias, al Registro Público, a todos los municipios del país y a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Ayer, los representantes legales de las empresas Pana American Cigar y de G & R International, Francisco Santiago y Braulio Zurita, respectivamente, entregaron a La Prensa un pronunciamiento en el que rechazan que sus empresas obtengan los CAT con información incorrecta.
Igualmente, presentaron un censo patrocinado por la denominada Unión de Productores y Exportadores de Tabaco Panameño y por Pana American Cigar en el que se afirma que entre el 2000 y el 2001 fueron sembradas alrededor de 459 hectáreas de tabaco. La auditoría de la Contraloría, no obstante, indica que según los registros oficiales de producción nacional de tabaco, esta institución mantiene que hay sembradas 40 hectáreas, de las cuales se explotaron 26.
Según Santiago y Zurita, en marzo pasado el Viceministerio de Comercio Exterior solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría, auditorías de las actividades de las tres empresas mencionadas. Hasta la fecha, indicaron los empresarios, no han recibido informes de las auditorías.
“...Retener los documentos más de 30 días está en contra de la Ley de CAT; [necesitamos] aclarar todo esto porque nuestras empresas son unas empresas transparentes y se han visto afectadas por la demora de una respuesta”, se quejaron.
Los empresarios también se quejaron por las noticias publicadas en este diario sobre sus empresas, ya que consideran que perjudican “a todas las empresas que reciben CAT y a la economía del país”.
No obstante, en un comunicado de prensa emitido ayer, la Contraloría, además de confirmar las publicaciones de La Prensa, informa que remitirá el mencionado informe al Ministerio Público.
Los hallazgos de la Contraloría mantienen preocupadas a varias entidades bancarias nacionales y extranjeras que compraron las resoluciones en las que se emitieron CAT en favor de las empresas investigadas.
Los CAT fueron creados mediante la Ley 108 del 30 de diciembre de 1974, con el fin de fomentar las exportaciones de productos no tradicionales elaborados total o parcialmente en Panamá.
El CAT es un documento de valor transferible por endoso que no devenga interés y puede ser utilizado para pagar impuestos tales como: importación, renta y de transferencia de bienes muebles. Se prevé su eliminación el 31 de diciembre del 2002, luego de los compromisos alcanzados por Panamá tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A partir de enero pasado, el CAT disminuyó del 20% al 15% del valor agregado nacional y ese porcentaje se mantendrá hasta su eliminación a finales del próximo año.
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