La ley del silencio

Los periodistas sufren actualmente la represión judicial de más de 60 demandas ante el Ministerio Público. El Ejecutivo ha guardado silencio frente a estas acciones

La Cruzada pro Rescate de la Libertad de Expresión protesta frente a la Procuraduría.

Al estilo militar, la dosis para impedir la libertad de expresión y de prensa fueron los cierres de medios de comunicación, las persecuciones, la censura, los golpes y la cárcel. Esto, hasta cierto punto, quedó atrás. Los métodos ahora son distintos.

De los militares, los civiles heredaron las persecuciones y las leyes mordazas, algunas de las cuales aún persisten. La única diferencia es que ahora las ejecutan funcionarios del Ministerio Público.

En dos años de gestión de la presidenta de la República Mireya Moscoso, podría decirse que las críticas pueden hacerse públicamente, pero bajo su gobierno también ha habido persecuciones, sentencias y en algunos casos indultos a periodistas.

Al instaurarse la democracia tras la invasión del 20 de diciembre de 1989, Guillermo Endara no propuso la derogatoria de estas leyes y demandó a un caricaturista, aunque después retiró la acusación. Ernesto Pérez Balladares tampoco lo hizo y bajo su gobierno hubo un incremento en persecuciones y en demandas.

Sin embargo, Mireya Moscoso derogó parcialmente dos de las tres ‘‘leyes mordaza’’ el 20 de diciembre de 1999, y en su defecto, el ministro Winston Spadafora presentó un anteproyecto que eleva a la categoría de ley normas éticas y de estilo para el ejercicio del periodismo.

Este anteproyecto de ley sobre periodismo ha generado puntos de vista encontrados. El Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) y el Sindicato de Periodistas lo defienden, porque la finalidad es conseguir una mejor ley que respalde el ejercicio profesional.

Ambos gremios buscan definir con claridad quiénes son periodistas, qué hace el periodista y su reconocimiento por parte de la sociedad. Además, con la creación del Consejo Superior de Periodismo, que propone el anteproyecto, este pasaría a ser regentado por el CONAPE.

A esta iniciativa se opone la Asociación Mundial de Periódicos (WAN, por sus siglas en inglés), porque “impone significativas regulaciones a los periodistas e inhibe la libertad de expresión”.

En opinión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el anteproyecto de ley es un “retroceso” en materia de libertad de prensa, y es violatoria del Pacto de San José sobre derechos humanos.

Por su parte, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión tiene la opinión de que la libertad de expresión e información, como derechos humanos, no debe estar sujeta o condicionada a requisitos de titulación académica, idoneidad ni a la colegiación obligatoria.

La red latinoamericana denominada Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) ha manifestado que el anteproyecto está repleto de disposiciones contrarias a los principios y convenios internacionales sobre la libertad de expresión, y que es un “esfuerzo persistente” de la administración de Moscoso por “restringir” el papel fiscalizador de los medios, frente a la “rampante corrupción” que caracteriza a su gobierno.

Desde 1994 hasta la fecha, las autoridades judiciales han mostrado celeridad y eficiencia en procesar y condenar a periodistas por supuestos delitos de calumnia y de injuria.

Entre algunos de los casos que se han dado en el gobierno de Moscoso, pueden mencionarse:

n Marcelino Rodríguez publicó una noticia sobre la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher. Se decía que había obtenido una casa en las áreas revertidas. El fiscal que inicialmente instruyó el caso solicitó el sobreseimiento provisional, pero luego renunció, se ordenó una ampliación, y se pidió su enjuiciamiento.

n Los periodistas Juan Manuel Díaz y Rainer Tuñón también fueron sentenciados a 14 meses de prisión por el delito de calumnia e injuria.

Díaz y Tuñón fueron denunciados por el médico Samuel Osorio Caicedo, porque lo implicaban en una investigación sobre la supuesta obtención de títulos fraudulentos en la Universidad de Puebla, México. Sin embargo, este demostró que había logrado su idoneidad de forma legal.

n José Otero también fue acusado por el médico por el mismo delito, pero aún está en espera de fallo.

n Otros periodistas condenados por el delito de calumnia e injuria han sido Rigoberto Caballero, Marcel Chery, Vladimir Rodríguez, Carlos Singares, Neyla Ayarza y Tomás Cabal.

n El caricaturista Julio Briceño fue querellado por calumnia e injuria por el ex vicepresidente de la República Ricardo Arias Calderón.

n Al periodista Herasto Reyes, el Ministerio Público intentó detenerlo en dos ocasiones, como consecuencia de una demanda interpuesta por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares.

Ante estos casos, las protestas no han faltado. El 11 de agosto del 2000, periodistas de la Cruzada Nacional por la Libertad de Expresión marcharon por las principales calles de la ciudad de Colón, a fin de apoyar a los comunicadores colonenses que son perseguidos por el Ministerio Público. Entre ellos, Dámaso García, quien fue ‘‘golpeado por órdenes de funcionarios públicos que no aceptan sus críticas’’.

Esta cruzada también se hizo para apoyar a los periodistas Gustavo Gorriti, Miren Gutiérrez, Mónica Palm y Rolando Rodríguez, acusados de calumnia e injuria por el procurador José Antonio Sossa.

El 19 de marzo del 2001, un grupo de periodistas protestaron frente a la Corte Suprema, en repudio por lo que consideran una campaña de persecución y acoso en contra del gremio periodístico por parte del Ministerio Público y el Organo Judicial.

El 23 de abril del 2001, volvieron a hacer la misma protesta en el mismo lugar, por la condena de tres periodistas por los delitos de calumnia e injuria.

En la actualidad hay unos 60 casos de periodistas denunciados por el delito de calumnia e injuria. De estos, siete han sido condenados en los últimos dos años.

El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, ordenó el 22 de junio del 2000 el allanamiento del diario El Siglo y el arresto de su director, Carlos Singares, por una publicación en la que se implica al jefe del Ministerio Público en supuestos casos de prostitución de menores.

Carlos Ernesto González de la Lastra, director de El Universal, renunció el 9 de mayo del 2000 a su cargo –según él– por presiones de la presidenta Moscoso, quien se oponía a la política editorial del periódico.

Dos periodistas peruanas del diario Liberación, de Perú, fueron agredidas física y verbalmente –en territorio panameño– por el abogado Jaime Alemán, porque “lo habían fotografiado sin su permiso”.

El 28 de julio del 2000, funcionarios de la municipalidad de Colón irrumpieron en el recinto de la radio local CPR, y agredieron a los periodistas Ana Bolena Ayarza , Rubén Garcés y Dámaso García.