El Ejecutivo admite que hubo fallas
en el caso Viteri
El Ejecutivo ha otorgado
rebaja de penas a narcos extranjeros condenados por tráfico de drogas
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
El Ejecutivo aceptó ayer que hubo irregularidades
en el proceso que concedió una rebaja total de la sentencia de ocho
años de cárcel que pesaba contra al presunto narcotraficante David
Viteri, y a la vez se informó que ha otorgado medidas similares
a ciudadanos extranjeros que purgaban condenas por tráfico de drogas,
pero que mantuvieron buena conducta.
Aníbal Salas, viceministro de la Presidencia,
expresó que luego de una nueva investigación sobre los documentos
que se aportaron para solicitar la rebaja de pena para Viteri, se
pudo concluir que uno de ellos es presumiblemente falso.
Explicó Salas que basado en lo estipulado
en las leyes, se ha enviado toda la documentación del caso Viteri
a la Procuraduría de la Administración para que esta instancia emita
su opinión, y luego adoptar la medida de revocar el Decreto Ejecutivo
No. 213 del 30 de julio del 2001, que confiere la rebaja de pena.
La documentación investigada es una certificación
de un bufete de abogados para la cual laboraba Viteri como mensajero,
y que se ha comprobado que nunca ha existido esa oficina, dijo el
viceministro de la Presidencia.
Viteri presentó una carta de trabajo del
bufete González, Castillo y Asociados, el cual no aparece en los
archivos del Registro Público. De igual forma, no existe la persona
que aparece como firma responsable del documento y también es falsa
la ubicación del local de dicho bufete, según Salas.
Agregó que la petición inicial para que se
le concediera una rebaja de pena o indulto a Viteri provino de la
firma de abogados Alvarez-Soto y Asociados.
Para otorgarle la rebaja de la pena a Viteri
se analizaron, entre otras cosas, los 14 meses y un día que estuvo
detenido en El Renacer, donde demostró índices de readaptación y
buena conducta, y que en su récord policivo no había otra condena
en su contra, manifestó Salas.
De igual forma dijo que el Ejecutivo otorgó
rebaja de penas a otros delincuentes colombianos sentenciados por
tráfico de drogas por medio del Decreto Ejecutivo No.210 del 19
de julio del 2001 y que, para ello, se tomó en cuenta su readaptación,
buena conducta y porque se trataba de personas que no eran reincidentes.
Salas mencionó los casos de los colombianos
Eduardo Argüero García de Paredes, Carlos Antonio Zúñiga Villarreal,
William Ortiz y Jairo Builes Molina, los cuales, según informó,
fueron puestos a órdenes de Migración y se les deportó a su país
de origen.
En tanto, el legislador del PRD Miguel Bush,
quien preside la subcomisión de la Asamblea que investiga el caso
Viteri, dio a conocer que hoy, viernes, estarán remitiendo un cuestionario
a la mandataria de Panamá, Mireya Moscoso, para que rinda una explicación
exhaustiva de lo ocurrido.
A juicio de Bush, la presidenta Mireya Moscoso
se excedió en sus facultades constitucionales al otorgarle rebaja
de penas a varios narcotraficantes colombianos, sin investigar en
profundidad los casos por los que fueron condenados.
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