Los periodistas responsables, que entienden bien el derecho y el deber de informar, han pedido por mucho tiempo a varios gobiernos, una ley que garantice el libre acceso a la información pública. Los políticos de todos los partidos siempre dicen que es una idea interesante que recibirá la atención que merece, pero la realidad desmiente sus promesas: todavía no hay una ley que permita al ciudadano y al periodista investigar lo que ocurre en los arcanos laberintos del poder. El secreto es el mejor aliado de la corrupción, y de la impunidad. Si los funcionarios no están obligados a rendir detallada cuenta de sus actos, es casi imposible comprobar hechos tales como el tráfico de influencias, la malversación de fondos o las asociaciones ilícitas para delinquir. Los ciudadanos y los periodistas carecen de las facultades constitucionales y legales que se les otorga al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para revisar documentos, cuentas, licitaciones, concursos de precios y contrataciones directas. Lo único que saben es lo que las autoridades informan, si es que lo hacen. Para añadir sal a la herida, cuando hay una denuncia, se pretende que quien la formule presente las pruebas, como si no existiera autoridad capaz de investigarla. La mejor contribución que la clase política del país puede hacer en la lucha contra la corrupción, es aprobar y hacer cumplir una ley de libre acceso a la información que disipe las densas tinieblas que suelen rodear los actos públicos de manejo y disposición de bienes y servicios.