No faltará quien diga que es una trivialidad, o un hecho sin importancia aparente: un hombre condenado por el delito de narcotráfico obtiene, a través de familiares vinculados a la Presidencia, que la jefa máxima del Ejecutivo le conceda una rebaja de pena que lo exime de volver a prisión a cumplir el resto de una sanción que se le impuso como resultas de un proceso penal que ganó en primera instancia, pero que perdió ante el Tribunal Superior y luego ante la Sala Segunda de la Corte Suprema. Luego, en un gesto de inequívoca gratitud, el hombre decide inscribirse en el mismo partido que la mandataria, previa renuncia del colectivo al que solía pertenecer y que se encontraba en el poder en el momento en que fue investigado y arrestado en 1997. Casi nada se sabe de su trayectoria anterior en la agrupación que ahora abandona. Lo cierto es que los partidos políticos no son organizaciones que puedan reservarse el derecho de admisión, y que todas las personas, incluyendo a los que son investigados por la comisión de un delito, al igual que los que al final del día terminan condenados, tienen derecho a inscribirse en el partido de su predilección. Lo que preocupa aquí es ese súbito cambio de preferencias políticas tras recibir lo que es indiscutiblemente un beneficio muy especial de parte de la presidenta. ¿Es éste el fin de esta historia? ¿O hay aquí tela que cortar?