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La corrupción en América Latina
Tilcia Elena Delgado
tdelgado@prensa.com
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Gustavo Rayo
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Este año Panamá fue incluido en el Indice de
Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI).
Dado a conocer por primera vez en 1995, la denominada “encuesta de
encuestas” recoge la opinión que empresarios y analistas de riesgo
se han formado sobre determinado país. El objetivo principal de los
sondeos es determinar el abuso del poder público en beneficio privado.
En el 2001 el IPC clasificó 91 países, de los
cuales casi dos tercios obtuvieron una puntuación de menos cinco sobre
una puntuación limpia de 10. Panamá se colocó en la posición 51, con
un puntaje de 3.7% que lo incluía en las primeras 10 posiciones de
las naciones con alta percepción de corrupción.
De los países latinoamericanos, solo Chile se
destaca en el índice de la organización como una nación transparente.
Pero, ¿dónde están las fallas de los países latinoamericanos? y ¿qué
se puede hacer para mejorar la situación? Estas preguntas fueron contestadas
por Gustavo Rayo, director ejecutivo para América Latina de Transparencia
Internacional.
Chileno de nacimiento y defensor de los derechos
humanos, Rayo sufrió la dureza del régimen de Augusto Pinochet (1973–1990),
período en el que fue encarcelado 10 veces, según cuenta.
Desde hace tres meses, Alemania se ha convertido
en su hogar. Allí hace de enlace entre la sede de la organización
y sus oficinas en Latinoamérica.
La realidad de la región está marcada por altos
niveles de corrupción en todas las esferas, advierte Rayo. “Estas
prácticas abarcan a muchos sectores y áreas de gestión. En gran medida,
son problemas de orden institucional, por lo que es necesario revisar
los procedimientos de gestión pública y dotar de recursos a las instituciones
fiscalizadoras”, opina.
“El desafío fundamental es la autonomía de los
medios de comunicación, la debida separación de los poderes del Estado
y de los entes controladores para que velen por el principio de legalidad
y estén atentos a las sanciones”.
El enriquecimiento ilícito encabeza las prácticas
corruptas en América Central, asegura. “Hay signos muy claros de que
esta es una práctica extendida”. Las contrataciones públicas y los
procesos de licitación no se quedan atrás.
“Las licitaciones pueden resultar extremadamente
complejas y, por lo tanto, hay que darle seguimiento”, señala Rayo.
Ello explica el papel que desempeñó TI en el proceso de privatización
del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).
¿Qué se puede hacer para mejorar en el índice
de TI?
“Sólo soy un observador externo que no puede
captar cuáles son los puntos críticos, pero sobre esa base, se debe
construir una política pública diseñada con el propósito de ser más
transparente”, responde.
Rayo no comparte la idea de promulgar decretos
de confidencialidad, que obstruyan el acceso a la información pública.
“Creo que muchas veces hay un malentendido de la confidencialidad
de la información pública. Las prácticas que obstaculizan la gestión
controladora afectan a la democracia”. agrega.
Además, dice Rayo, hay que garantizar la estabilidad
de los funcionarios públicos. “No es posible que en América Latina
las instituciones se estremezcan cada vez que cambia un gobierno”,
concluye.
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