Diálogo, trabajo y solidaridad social

Somos un país que no practica la solidaridad, ni la equidad, por lo que la generación de la riqueza no es cónsona con su distribución

La obligación de todo gobierno es gobernar y administrar el patrimonio de la sociedad. Dice Juan Pablo II en Centesimus Annus que, “la Iglesia no tiene modelos para proponer, y que para este objetivo ofrece, como orientación ideal e indispensable, la propia doctrina social de la iglesia, la cual reconoce la positividad del mercado y de la empresa, pero al mismo tiempo indica que estos han de estar orientados hacia el bien común. Con esta conclusión se llega justamente a reconocer que el trabajo se mide con el metro de la dignidad de la persona, del hombre que lo realiza”.

Nuestros familiares, los que habitan un mismo edificio, los compañeros de trabajo, los gremios, los que viven en una misma comunidad son solidarios, porque del empeño de cada uno depende el bienestar de todos. “La humanidad es solidaria en un destino común”. Esta última frase es el gran mensaje del discurso de Juan Pablo II en la Organización Internacional del Trabajo en 1982.

Se insiste en el principio de que nadie, sea Estado o sociedad, deben intentar sustituir o manipular la iniciativa y la responsabilidad de los individuos o grupos sociales, ni atentar o acabar con su libertad.

Los gobiernos son presionados a aplicar políticas neoliberales, que violentan el principio de libertad y el derecho a aspirar a un trabajo decente y digno que permita el sustento a la persona y a su familia. Se niega así a mejorar su calidad de vida y su ingreso.

Estas políticas obligan a que se abran las fronteras comerciales, a que entreguemos nuestra estratégica seguridad alimentaria, a permitir que se viole la soberanía nacional, y a la quimera de que se obtendrá una reducción de precios.

No se mide el desempleo de forma objetiva y menos aún, se contempla la generación de los ansiados puestos de trabajo. En esto, los trabajadores y empresarios estamos plenamente identificados, y presionamos para que se detenga y se revise la política económica, para que se aprovechen nuestras ventajas comparativas y competitivas en todas las negociaciones que tengamos, ya sea el TLC con Centro América, con México, con el Pacto Andino o el ALCA, así como el recién presentado proyecto Puebla-Panamá.

Somos un país que no practica ni la solidaridad, ni la equidad, por lo que la generación de la riqueza no es cónsona con la distribución de esta. Unos pocos se quedan con casi todo. No tenemos tampoco legislación de avanzada enfocada a atacar el grave problema del desempleo, ni aquellas que eviten que nos impongan de afuera planes de desarrollo que no contemplen nuestra realidad.

Hace unos meses, cuando se hablaba de la reforma tributaria con el slogan “hay que ser eficientes en la recaudación”, no se aceptaba que los ingresos del gobierno habían mermado por la caída de los aranceles y la casi nula actividad económica. Esta reforma pretende cobrar únicamente a los que trabajan y producen, a los que exportamos, a los que sostenemos el sistema. Panamá es 75% sector servicios y hasta hace poco, este solo representaba algo parecido al 21% de los ingresos corrientes; mientras que los sectores productivos, siendo apenas menos del 25%, somos en términos prácticos el 75 % de los ingresos del Estado. El sector servicios (banca, Canal, comercio, seguros, finanzas) se agotó, no da más, no crece, tiene que encontrar su creatividad otra vez, dar valor agregado a sus productos. Pero se insiste en abrir las fronteras a la manufactura extranjera en detrimento directo de los sectores productivos y sus trabajadores.

Se pretende aplicar las reformas directamente a los que tributamos más y a los que podemos emplear, cuando con un cambio de actitud tendremos más empleos. De hecho, hoy estamos ante un plan de gobierno con desarrollo económico con inversión en capital humano (principio básico de solidaridad), pero que ojalá no caiga en una inversión social altruista, con poca asistencia técnica y no del todo focalizada a la autogestión.

Debemos discutir como panameños el bien común, qué tipo de país queremos y qué tipo de desarrollo económico necesitamos. Solo entonces podremos insertar los justos principios de la Doctrina Social de la Iglesia a estos planes de desarrollo panameñizados, y solo entonces vendrá el arranque que esperamos todos se que de pronto.

En lo últimos dos años, hemos estado en medio de continuas protestas de los trabajadores, sindicatos, jubilados; todos en busca de mejorar sus condiciones de trabajo para llevar más a sus hogares. Pero, ¿no habrá aquí mucho de egoísmo y de pensar en mí —“tengo trabajo”—, sin que se piense en el que no lo tiene? ¿O del empresario, que justifica su egoísmo escudado detrás de los empleados que ya tiene y de impuestos que paga? ¿Se tratará de empresarios que no ven más allá de sus narices y que si no se solidarizan, si no se convierten en actores activos, podrían perderlo todo y aumentar la cifra de los que nada tienen?

Que la sensibilización social basada en la búsqueda del bien común prevalezca y nos de la oportunidad a todos de mantenernos en esa disciplina y actitud de poder discernir entre lo bueno y lo malo, con la certeza de saber que caminamos en la dirección correcta, en la búsqueda de la felicidad de todos los hombres y mujeres de este país que día a día aspiran a ese sagrado principio. Solo entonces, estaremos listos para crear riqueza y distribuirla con equidad.

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