Las juntas de conciliación y decisión han estado siempre expuestas a la controversia. El veto presidencial que considera inconveniente el proyecto de ley que las transfiere del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, al Organo Judicial, cuya tarea es dictar justicia, tiene como fundamento que la función esencialmente mediadora de este organismo especial no se compadece con el carácter judicial que le confiere el proyecto de ley vetado. Ciertamente, la idea tras la creación de las juntas fue la de fomentar la conciliación y suavizar la litigiosidad, no la de promover la confrontación y la resolución coactiva de los conflictos laborales. Sin embargo, la triste realidad es que, en la práctica, estos organismos nunca cumplieron con la función mediadora que decían tener y la competencia que la ley les otorgaba los convertía en verdaderos tribunales que, por sus procedimientos, actuaban al margen de las garantías constitucionales y legales. Debiera entonces el Ejecutivo presentar un proyecto de ley que devuelva a las Juntas de Conciliación la función de “amigables componedoras” hoy en día desvirtuada. Se cumpliría así con el objetivo de prevenir que llegasen a los tribunales causas que pueden resolverse por acuerdo entre las partes, sin perturbar el carácter independiente, objetivo e imparcial que todo juzgador debe tener en nuestro sistema de justicia.